Las dos fuerzas políticas que representan a la oposición en la Asamblea Legislativa demandaron ayer la participación ciudadana para resistir y revertir la vigencia de la futura ley “contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, cuyo proyecto se aprobó el viernes en la Cámara de Diputados por la mayoría del MAS para que sea tratada “en los próximos días por el Senado”.

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Legisladores de ambas tiendas enumeraron observaciones de orden constitucional, incluyendo una eventual afectación al secreto de imprenta, “vulneraciones de la presunción de inocencia” y cuestionaron los mecanismos de pesquisas de delitos financieros con más poder en manos del Ejecutivo a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, dijo que la ley creará “un mecanismo extorsivo” contra el ciudadano. “La población puede sumarse a los pedidos para que esta ley no se lleve adelante”, apuntó Nayar.

El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, espera que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de no aceptar y rechazar cualquier intento de este gobierno de construir un Estado policiaco, donde la regla sea la represión y la arbitrariedad.

Por su lado, Creemos emitió un comunicado para advertir que este proyecto de ley es un “atentado contra la democracia” que viola importantes garantías judiciales y convierte la UIF en un instrumento de represión. “El registro de Derechos Reales y de comercio se constituyen en medios para consolidar la persecución en contra de opositores y cualquier ciudadano que piense diferente”.

Para el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, esta ley “es necesaria” porque representa un respaldo en favor de la investigación financiera en un escenario internacional. “Pero su tratamiento, en este momento, no es propicio por la compleja situación jurídica del país”. El especialista considera que en el proyecto existen conceptos “subjetivos” que deberían precisarse de mejor manera. Observó así la definición del terrorismo y la del “secreto profesional” que “están muy abiertos” y que generan susceptibilidad en la sociedad.

“Sabemos los economistas que todo lo que genera un mal ambiente para las inversiones puede perjudicarlas”, comentó Akamine. El economista Alberto Bonadona consideró que aún se debe evaluar si al final del debate la norma “termina siendo estranguladora de la actividad privada”, puesto que la normativa incluye afectaciones a patrimonio que son “susceptibles a la inversión”.

“Cuando se habla de terrorismo se tiene un contenido más político que económico que puede acallar a cualquier voz que vaya en contra del gobierno. El Gobierno “está en una pelea política antes que económica contra el Covid”, apuntó.

El diputado Ramiro Venegas (MAS) criticó a los opositores por “defender lo indefendible” y señaló la necesidad de sancionar delitos vinculados con el terrorismo, como el “tráfico de las armas que llegaron al país para alentar el golpe de Estado” que marcó la crisis política de 2019.