Leny Chuquimia / El Alto / La Paz

Entre la división y la presión  política, las víctimas de Senkata exigen una reparación integral libre de tintes políticos. Piden que se cumpla con el censo de todos los afectados de forma imparcial, tal como recomendó la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

“No queremos  que nuestros muertos sean usados como bandera política. Queremos justicia”, afirmó Alison Ramírez, una de las viudas de los muertos de Senkata, que el viernes participó en la marcha de víctimas de las masacres.

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Pero no sólo se trata de los fallecidos y los heridos, sino de los torturados y detenidos injustamente, que   fueron  reconocidos como víctimas en el informe del GIEI.

“Ahora tenemos ese documento que dice que debe haber una reparación integral y con el que vamos a pedir  la modificación del Decreto Supremo  4176 de ayuda a las víctimas. Ahora se comprobó que fuimos afectados, porque antes para la sociedad no eramos víctimas, eramos lo peor”, manifestó la representante de los detenidos en El Alto, Marcela Calle.

Afirma que la única forma de obtener una reparación real es que ésta no sea política y brinde una justicia  imparcial para todos. Y para ello es necesario un censo de todas las víctimas en todo el país que parta desde el Estado.

“El GIEI recomienda la elaboración de un censo de víctimas. Hasta el momento no las habíamos dejado de lado, pero habíamos atendido prioritariamente a las viudas, a los heridos más graves y esto debe ampliarse a otras víctimas. En ese caso, vamos a partir de un censo que debe estar a cargo de Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que está  preparando todos esos elementos”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Sin embargo, las víctimas ya han presentado observaciones, puesto que el censo se está impulsando desde el Sepret con presiones para alinearse a la denuncia del Ministerio de Justicia.

Con el fin de unificar la búsqueda de justicia, hasta El Alto arribó una comisión de Sacaba-Huayllani. La representación sostuvo una serie de reuniones  para conformar un solo bloque.

“Nos hemos reunido para hacer conocer nuestra molestia. Más de un año y nueve meses y no hay ningún responsable por  Senkata y Sacaba. La señora Jeanine Añez no está detenida por las masacres ni por los delitos de lesa humanidad, sino por el golpe de Estado”, observó el dirigente cochabambino Ismael Marquina.

“Yo quiero encontrar justicia y no quiero que nos usen de bandera y politicen   lo que pasó.  Había gente bloqueando, no es que no, pero  ellos se han cubierto entre los muros. Mi hermano sólo pasaba por el lugar, la bala le entró por la espalda. Queremos  justicia, pero de ambos bandos quieren politizar el tema”,  señaló Nancy Jamachi a Radio Deseo.

“El Gobierno no nos toma como prioridad, pese a que en su campaña vino a hablar con las víctimas. Hasta ahora no ha hecho nada y sólo nos han dividido llevando a su bando a una parte de los familiares de los muertos. Es lamentable que el Gobierno actúe así”, afirmó Ramírez.

 

“Han manchado el nombre de mi esposo, tiene que haber imparcialidad”

Calixto Hunaco era padre de dos niños, esposo y   costurero. En medio del conflicto de 2019 él y su esposa habían empezado la confección de 30 chamarras. Les faltaban los cierres y después de varios  días   sin trabajar  les urgía terminar las prendas.

No era militante  y tampoco  parte de los bloqueos. En su casa se acababa la comida y él sólo necesitaba acabar y vender sus chamarras. Cerca del mediodía, cuando los cisternas dejaban Senkata,   salió de su domicilio en el barrio Nueva  Esperanza a  buscar    material y ya  no volvió.

“Hasta ahora no sé qué pasó con mi esposo.  La justicia no avanza, tiene que hacer su trabajo”, sostiene Alisón Ramírez, viuda de Calixto.

Han pasado 21 meses desde que Página Siete la encontró en la  morgue del Hospital de Clínicas tratando de recuperar el cuerpo de su esposo, pero las preguntas siguen siendo las mismas:  ¿quién? ¿cómo?.

Ya se han emitido casi una decena de informes sobre lo ocurrido en aquella jornada, incluyendo el del  GEIE, pero ninguno le dio una respuesta definitiva.

Calixto no falleció  en esa jornada sino siete días después, internado en una unidad de terapia intensiva donde sufrió una muerte cerebral. Tenía una bala en el cerebro y los gastos se acumularon de golpe sin que nadie le brinde ayuda. Su deceso   se supo días después cuando una comisión de Derechos Humanos llegó hasta  El Alto.

“Quiero justicia para  mi esposo, han manchado su nombre diciendo que era del MAS, que era terrorista,   lo siguen haciendo. Y ahora  el Gobierno me lo usa como bandera política”. dice su viuda.

 

División a la sombra de la presión política

“Me han llamado para que me adhiera al grupo de víctimas que está con el Ministerio de Justicia y  si no lo hago no seré tomado en cuenta en la reparación”, relató una de las personas afectadas por la masacre en Senkata. Tras ser consultada sobre aquel que  hizo la llamada prefirió no  revelar su  identidad.

Los afectados señalan que ésta es sólo una de las presiones políticas de las que son víctimas desde hace mucho tiempo para fracturar a la asociación que aglutina a  familiares de los muertos, heridos y detenidos.

Ya en noviembre de 2020 las víctimas  aclararon  que no pertenecían a ningún partido político  y denunciaron que se había  creado una dirigencia “apócrifa” encabezada por  Marley   Laso, entonces  candidata a  senadora por el MAS. Indicaron que Laso trató de dividir el grupo para conseguir réditos a costa de los afectados.

Cinco meses después, en abril de 2021, la Asociación emitió un voto resolutivo en el que declaraba persona no grata a Nadeshda Guevara, quien en varias entrevistas mostró su afinidad con el  MAS y  afirmó ser la representante de las víctimas de Senkata. La denunciaron por “hurto de documentación de los heridos y fallecidos” que fue usado para conseguir “réditos político-partidarios”. Actualmente  es la directora general del Sepret, una entidad descentralizada de  Justicia.

A principios de julio pasado, una nueva división tomó por sorpresa  a la asociación, cuando de la noche a la mañana  y tras  reunirse con representantes de ese ministerio, familiares de ocho de los 10  fallecidos decidieron alejarse para iniciar una denuncia con la cartera estatal, la que  fue recibida en cinco días cuando la que impulsan las víctimas lleva dos años sin avances.

 

Además de ayuda económica, DS estableció becas, alimento  y trabajo

Los decretos supremos 4100 y 4176  de   “otorgación de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados  entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019” establecen cuatro tipos de ayuda: económica, alimenticia, educativa y laboral. Algunas ya fueron entregadas, otras aún están en espera, al igual que el principal punto de la reparación: el esclarecimiento  de los casos.

De acuerdo con  la documentación de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a la que Página Siete tuvo acceso  en noviembre del año pasado, hasta 10 días antes del cambio de mando, las  familias de 19 de los 37 fallecidos que hubo en el país recibieron 100 mil bolivianos, cada una, ya sea de forma completa o fraccionada.

De esas ayudas económicas, 16 correspondían a las víctimas de La Paz y El Alto (incluyendo el caso del activista Julio Llanos que murió como consecuencia de  una agresión por parte de afines a Evo Morales), dos a las de Montero en Santa Cruz  y  una a un afectado de Cochabamba. Los heridos de Sacaba-Huayllani no hicieron el trámite.

El representante de la Asamblea Permanente  de Derechos Humanos de El Alto, David Inca,  explicó que conforme a lo acordado con el gobierno de transición,  esa ayuda no es una indemnización. Tampoco es una condicionante o excluye que las víctimas acudan a instancias judiciales, como se pretendía hacer en  el primer decreto, porque no se trata de una indemnización o resarcimiento.

“Esa (la indemnización) sólo puede ser determinada en un juicio  y no hemos llegado a esa instancia. Se trata  sólo de una ayuda humanitaria, aprobada en un decreto,  que no será cumplida hasta que no llegue a todas las víctima del país”, afirmó.

Pero las víctimas de Cochabamba no son las únicas que no accedieron al beneficio. La norma establece una ayuda económica para los heridos, además del pago o reembolso de los gastos médicos.

Sin embargo, la documentación exigida y la burocracia dificultaron el acceso. Por este motivo ninguno de los heridos de las emboscadas de  Vila Vila o Playa Verde accedieron al beneficio económico.

El decretó también   autorizó al Sedem otorgar por el período de 12  meses, computables a partir de la publicación del DS, la transferencia público-privada en especie por un valor de 500 bolivianos. Esta dotación debió entregarse a un representante familiar de cada fallecido o a la persona herida.

De la misma forma, el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, debía gestionar cupos de acceso directo a las unidades educativas fiscales y   becas de estudio en universidades privadas o institutos tecnológicos en favor de los heridos y de los familiares de los fallecidos. Se conoce que pocos  familiares pudieron acceder a esta determinación.

Asimismo, se ordenó que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,  en el marco de sus competencias,  dé prioridad a las víctimas  en su bolsa de trabajo. De allí que algunos familiares de los fallecidos se encuentren en cargos en varios ministerios, algo que fue observado por exlegisladores.

 

24 muertes civiles a las que no se  dieron atención

“Nos han dado una muerte civil, estamos muertos en vida”, afirma M. F., uno de los detenidos en Senkata. “No agarraron, nos torturaron y nos presentaron como  terroristas. Eso ya no se borra, ¿quién responde por ese daño?”,  pregunta. Él  es uno de los cientos de aprehendidos.

“Nuestra vida cambió. Hemos quedado con una marca”, coincide Marcela Calle,  representante de los detenidos del 11 de noviembre de 2019, en El Alto.

En su caso, el detenido fue su esposo. Junto con  las madres, esposas y familiares de otros 23 detenidos vive un viacrucis para restablecer los derechos de sus familias, que son sólo una parte de todos los aprehendidos.

Como primer paso, lograron el sobreseimiento de los suyos, pero es sólo el inicio. Aún les faltan varios pasos.

El GIEI comprobó   que los detenidos en 2019 sufrieron torturas  pero, a diferencia de los heridos y fallecidos, no recibieron ayuda estatal alguna para aliviar sus heridas o   las idas y venidas entre las oficinas judiciales que ya se extienden por casi dos años. Buscan comprobar que  no tenían conexión con las protestas, que sólo estaban en el lugar equivocado… de paso o  por  curiosidad o por imprudencia.

Es el caso del esposo de  Calle, quien salió en busca de víveres  y se acercó demasiado a una vigilia vecinal.  Fue detenido cerca de   las 14:00 de ese día, lo agarraron  los vecinos  porque no portaba identificación. No trató de huir y cuando vio a la Policía le pareció que sería mejor,  pero no fue así.

Fue llevado a la Felcc, donde le quitaron el celular y le dijeron que en un par de horas lo  soltarían. Pero al pasar el tiempo más personas fueron arrestadas -en su mayoría jóvenes- y la situación fue cambiando.

En lugar de dejarlo libre, lo pusieron de rodillas junto a los demás. Le ataron las manos con un alambre y le pusieron una bolsa negra en la cabeza para evitar que vea a quien pasaba entre ellos para golpearlos.

“Cuando me contó, no le creí. Estaba muy molesta por como había sido imprudente y se había expuesto sin motivo, al punto de aparecer en todas las redes sociales como si fuera un terrorista, un saqueador. Mis hijos son jóvenes y  en la universidad y en el colegio les dicen: ‘Tu papá había sido masista, terrorista’. Y hasta les han pegado echándoles en cara que tiene antecedentes y que estuvo en la cárcel. Eso ¿quién va a reparar?”,  insiste.

Cuando se habla de reparación, hay varios puntos por tocar: lo psicológico, lo físico, lo económico… la  dignidad.

Los familiares han perdido la cuenta de los gastos que han hecho y hacen en abogados, en el pago de celdas y seguridad en el penal de San Pedro, en  garantías. Las deudas crecieron con todos los  pagos que nunca   imaginaron y empeoraron en  pandemia.

De los 24 detenidos que lograron el sobreseimiento,  sólo cuatro eran adultos, el resto apenas pasaba los 20 años y ninguno tenía antecedentes. Todos dejaron de estudiar o de trabajar, primero porque estaban presos, luego porque cumplían  detención domiciliaria y ahora porque tiene  antecedentes que  aún no se han limpiado y su rostro ya fue presentado en las redes.

“Muchos han perdido su casa porque no los querían ni como inquilinos”, afirma Calle. En otras palabras, les dieron una muerte civil. “Tiene que haber justica y debe ser para todos”.