Un analista considera que los dirigentes cooptados por el gobierno, en sectores como el gremialismo, han sido cuestionados por las bases desde la crisis de 2019. Sugiere enfocar críticas en la burocracia y ver de otra forma a los actores de la economía informal.
El paro indefinido contra la Ley 1386 que iniciaría este lunes es liderado por el sector de los gremiales, que anteriormente era visto como integrante del bloque social del MAS. ¿Este podría ser el inicio de una rebelión de sectores del capitalismo popular, que el masismo mantuvo prebendalizados durante muchos años?
Para contestar a esta y otras interrogantes, eju.tv entrevistó al abogado y analista de la economía informal, Luis Christian Rivas, representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).
“Considero que las movilizaciones gremiales contra la Ley 1386 son un punto importante para el avance hacia la libertad económica que las masas buscan. No es la primera rebelión, porque los gremiales, cuentapropistas, informales, pequeños y medianos empresarios no están sólidamente consolidados en un solo sector monolítico fácilmente perceptible, sino que existen muchos sectores. El mercado es amplio, difuso y ambiguo, y durante el periodo del gobierno masista han existido muchos intentos de lucha por el capitalismo popular, especialmente del sector de comerciantes de coca yungueños”, señaló.
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Rivas dijo que este sector ha estado “en guerra contra los clientes políticos favoritos del gobierno: los cocaleros chapareños, que tienen el control del mercado de la coca y han están gobernando desde que su máximo líder sindical de las confederaciones llegó al poder, quien al mismo tiempo era jefe de gobierno y de Estado en Bolivia. La lucha por el mercado empezó y cada vez tiene nuevas víctimas. Los yungueños están en constante rebelión contra el perverso oligopolio que se quiere imponer desde el Estado”.
“Hay contrabando porque no se tiene un solo tratado de libre comercio que valga la pena”
Por otra parte, se refirió a la situación que viven los comerciantes informales, “llamados despectivamente contrabandistas, que se han visto afectados en esta guerra contra el capitalismo popular por ejércitos de policías y militares que los extorsionan, amenazan y asesinan en las fronteras. La corrupción por dejar pasar mercadería en la frontera es una fuente de ingreso muy jugosa, que viene siendo controlada a base de pistola y balas. Los orureños deberían exigir que su territorio sea considerado un puerto seco libre de aranceles y medidas para-arancelarias. Si el contrabando es un delito que involucra a pueblos enteros, es por culpa del gobierno que no tiene ni un solo acuerdo o tratado de libre comercio que valga la pena. Todos los días hay lucha y guerra, muerte y violencia para destruir la libertad de comercio”.
Le preguntamos a Rivas en qué medida la rebelión de estos sectores amenazaría a lo que Álvaro García Linera llamó en su momento el “bloque histórico”.
“El bloque histórico del MAS estaba compuesto por dirigentes cooptados por el gobierno. Estos líderes ejercen una dictadura sindical sobre los asociados, quienes se ven obligados bajo lista a obedecer los lineamientos que vienen desde el Órgano Ejecutivo. Después de las elecciones del 2019, estos dirigentes han sido duramente cuestionados por sus bases. El megafraude y la renuncia de Morales ha sido un punto de partida para demostrar que ese bloque histórico, como cualquier sector, obedece a sus propios intereses”, precisó.
“Enfocar las críticas en la burocracia”
El analista también fue crítico con la visión que muchas veces se tiene de estos sectores desde la clase media tradicional, que suele criminalizarlos.
“La clase media conformada por sectores formalizados con NIT y Fundempresa asocia a los informales con los masistas. Gremiales, cuentapropistas, comerciantes y contrabandistas son vistos como delincuentes que se enriquecen al no pagar aranceles aduaneros e impuestos, mientras la clase media está sumergida en el lodazal del infierno burocrático y tributario”, indicó.
El problema, dijo Rivas, es que los sectores formalizados “no enfocan sus críticas en los burócratas causantes de los problemas, pobreza y desempleo. No piden liberarse de la asfixia, sino que quieren que todos estén sometidos a la servidumbre del terrorismo tributario. En este aspecto, hay celos y envidia cuando un paria se enriquece trayendo mercadería sin pagar los tributos respectivos. Hay enojo cuando alguien no está sometido a alícuotas que pueden llegar al 25%, como en el caso del IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas)”.
Mercado en competencia Vs. “crony capitalism”
Finalmente, le preguntamos al representante del ILCE si los proyectos de reforma económica en Bolivia deberían estar centrados en el capitalismo popular y cuáles tendrían que ser las medidas principales.
“Las reformas del capitalismo popular se centran en todas las personas que viven fuera del sector público y su ámbito de influencia y privilegios, sean estas personas pobres o de clase media, incluso personas ricas, de cualquier cultura, raza y generación”, remarcó.
El analista dijo que “la referencia al capitalismo popular se debe entender como la utilización de los medios empresariales en un mercado en competencia. Cuando no existe competencia, se trata de un mercantilismo de amigos (crony capitalism), compadres y padrinos”.
“Entonces, las reformas se deben centrar en mercados libres, desregulación, derogación y abrogación de leyes malas, privatización de empresas públicas deficitarias, gobierno limitado para eliminar la burocracia y poner límite al gasto público, reforma laboral, reforma tributaria y devolución del sector salud y educación al sector privado”, concluyó.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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