Una docena de hundimientos amenazan el Cerro Rico; tres de ellos en la cima

Hoy en día, el Cerro Rico está siendo explotado por unas decenas de miles de cooperativistas mineros en un par de cientos de minas que producen polimetálicos de plata, plomo, zinc, estaño y óxidos de plata (estos principalmente en la parte superior del cerro, a más de 4.400 metros).

Los mineros utilizan varios métodos de trabajo subterráneo que van desde trabajar “a pulso” con barreno y pala hasta minas grandes que cuentan con compresoras, perforadores neumáticos y pequeñas palas mecánicas. En rasgos generales, es sabido que cuanto más uno se acerca a la cúspide del cerro, más se sube la ley de cabeza de plata —el contenido de plata del mineral—.

A su vez, la Empresa Minera Manquiri (EMM), actual subsidiaria de la empresa transnacional Andean Precious Metals (APM), trabaja en la superficie de la montaña, removiendo depósitos superficiales llamados “pallacos” (depósitos aluviales de plata), y también antiguos desmontes y residuos de las viejas operaciones estañífereras llamados “sucus”, con palas mecánicas y camiones. La empresa entró en producción en 2008. Su planta de lixiviación de cianuro tiene la capacidad de procesar 5.500 toneladas por día de estos materiales polimetálicos y los óxidos de plata, produciendo plata de alta pureza en la única refinería de plata con estas caracterizas, en todo el país.

Es bien sabido que el Cerro Rico ha sido explotado por casi medio milenio. Fue el depósito minero más importante a principios de la época colonial; fue parte de la primera época industrial minera del país y de la minería estatal estañífera, y ahora se encuentra bajo explotación en una combinación de minería industrial transnacional y minería cooperativista de pequeña escala. ¿Por qué entonces después de haber sido explotado por tantos años, el cerro está hundiendo ahora? Las raíces de este problema pueden encontrarse en el proceso de privatización.

Después de la “relocalización” de 1985, el Cerro Rico formó parte de la cartera de proyectos diseñados por el Banco Mundial con base en los cambios tecnológicos que permitían que la plata diseminada y la plata residual de los trabajos estañíferos pudieran ser extraídos de forma rentable. El proyecto incluyó una doble operación en este yacimiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol): la primera parte en la parte superior del cerro, donde la empresa trabajaría utilizando métodos “open-pit” para explotar los depósitos de óxidos, además de los depósitos superficiales pallacos; la segunda sería subterránea en la cual la empresa utilizaría métodos industriales “block-caving” para explotar el yacimiento polimetálico. Ambos serán refinados en una planta de lixiviación.

Cuenta la historiadora y antropóloga Pascale Absi que cuando se presentó el plan a principios de los años 90 el pueblo potosino, al ver que la cúspide del cerro iba a desaparecer con la explotación a gran escala, rechazó el proyecto para conservar su estructura cónica y así el patrimonio de la ciudad y el país. Frente al rechazo generalizado de la población, se decidió ofrecer el proyecto a una privada con la estipulación que ésta no explotaría la roca dura y sólo trabajaría en los depósitos superficiales llamados pallacos, sucus y desmontes. Esto representaba una parte del proyecto inicial y dejaba así de lado los óxidos de plata de muy alta ley.

La población le tomó la palabra a Comibol —estos trabajos superficiales no debían afectar la estructura del cerro—. Al mismo tiempo, Comibol, que trataba de entregar el yacimiento con la menor cantidad de otros actores, empezó a atacar al sector cooperativista pintando a sus métodos de trabajo como irracionales, sin planificación y en oposición a los trabajos racionales de las empresas transnacionales mineras. Esta campaña logró el consentimiento de la población potosina para el proyecto llamado San Bartolomé y luego posicionará al sector cooperativista como principal responsable del deterioro del Cerro Rico.

Hoy en día, no faltan notas en la prensa nacional e internacional que siguen esta lógica. Sin lugar a duda, los cooperativistas mineros representan la cara visible del trabajo minero en Potosí, fuente de sustento para decenas de miles de trabajadores y sus familias, razón por la cual defienden tal fuente. Sin embargo, lo que se reconoce muy pocas veces es cuán relacionado está este trabajo cooperativista con las operaciones del otro actor casi invisible y mucho más poderoso, la EMM.

Para iniciar sus operaciones, la empresa desplazó a cientos de mineras “palliris” de sus áreas de trabajo (desmontes y pallacos) y firmó, después de años de resistencia, varios contractos de arrendamiento y subarrendamiento con el sector cooperativista para acceder a los desmontes. Los cooperativistas, sin apoyo económico del gobierno y carentes de la tecnología necesaria para procesar estos depósitos, se vieron forzados a ceder paso a la empresa transnacional por un canon de arrendamiento sumamente bajo.

A diferencia del trabajo cooperativista, la operación de la empresa es de gran escala y las huellas que dejan sus trabajos son muy significativas. La empresa utiliza métodos de “open-pit” para extraer los materiales superficiales. En alguna instancia, esta remoción puede llegar a profundidades mayores a 50 metros. Caminando por el cerro, uno queda impresionado por los mini-cañones que fueron claramente áreas de trabajo de la empresa. Muchas de estas áreas se sobreponen a minas de cooperativas en operación y han habido casos de intentos de paralización de los trabajos de la empresa por parte de cooperativistas, ya que, según ellos, éstos ponían en riesgo sus vidas (por ejemplo, la mina Santa Rita de la cooperativa Unificada). Asimismo, el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) ha denunciado que la empresa realiza trabajos de explotación en roca dura y por encima de la cuota 4.400 metros, a pesar de la prohibición.

Pero además de sus trabajos superficiales, ya se sabe que, contrariamente a los parámetros del proyecto, la empresa también realiza compras de la producción cooperativista. Es decir, compran mineral de procedencia subterránea. Esta práctica empezó en 2015 y el año pasado la casa matriz Andean Precious Metals reportó en su página web que el 40% del suministro de la planta provenía del sector cooperativista, incluidas cooperativas del Cerro Rico.

El “Estudio Técnico San Bartolome” de la misma empresa resalta que esa producción es de mucha mayor ley de cabeza que sus propias reservas, lo que ayudó a mejorar la rentabilidad de la operación.  Entre 2016 y 2017 también pude comprobar en campo la compra de producción de óxidos por encima de la cuota 4.400 por parte proveedores de la EMM.

A las zonas Roberto y Sucumayu, llegaban camiones para comprar mineral “a ciegas” (sin laboratorio) de los productores, quienes decían no tener opciones, ya que la empresa era la única compradora y tenían que someterse a los precios que ésta ofrecía. La mera existencia de su planta, además de la necesidad de llegar a su capacidad máxima todos los días para asegurar su rentabilidad, estimula un mercado de venta de óxidos que se encuentran en su mayoría por encima de la cuota y en zonas estructuralmente inestables.

Revisando los datos de mineral procesado por Comibol, Coeur Mining y ahora Andean Precious Metals, los impactos de las operaciones de la EMM quedan bastantes claros. Entre 1988-2020, es decir, toda la época de explotación de óxidos y polimetálicos, se procesaron 23,4 millones de toneladas de roca. De esta cifra, el 84% fue procesado por la EMM.

Sólo en las anteriores dos décadas se comenzó a hablar de hundimientos que afectan la estructura cónica del Cerro. No es por nada casual que la gran mayoría de los 12 hundimientos que Comibol tiene registrado en el Cerro Rico se hayan producido durante el funcionamiento de la EMM. De hecho, tan sólo en 2021 se produjeron cuatro.

Durante mi trabajo de campo también pude atestiguar que los trabajos de la empresa produjeron hundimientos y colapsos de varias minas. En 2016, la mina Venus y la casilla de la custodio o “guarda” se hundieron debido a tales trabajos. Escuché varios testimonios de “guardasminas” sobre el colapso de sus casas y de los propios mineros cuyas minas quedaron enterradas o se desplomaron debido a las operaciones de la empresa. Según geólogos potosinos, estos trabajos superficiales tienden afectar a la estructura misma del cerro, ya que los “pallacos” son componentes estructurales del mismo, que con las intensas lluvias y tormentas provocan deslizamientos de tierra y riadas, poniendo en riesgo a los trabajadores, sus minas y también a los residentes de la parte alta de la ciudad. Sus trabajos superficiales mueven grandes cantidades de mineral y roca de la superficie y sus compras estimulan la producción de los cooperativistas a niveles no vistos antes.

Lamentablemente parece que el daño ya este hecho. En 2018, Coeur Mining vendió la EMM después de apenas nueve años de producción por un monto pequeño y declararon en la prensa que se estaban liberando de más de 50 millones de dólares en “pasivos”. Para este tiempo, ya habían recuperado su inversión (más de 230 millones de dólares) además de una gorda ganancia, según el sociólogo Vladimir Díaz Cuéllar. Tuvo un festín, llevándose las ganancias y el capital al exterior mientras los impactos se quedan en Bolivia.

La nueva empresa matriz es una empresa canadiense muy pequeña, y el negocio se ha vuelto especulativo. Esta empresa anuncia que dejará de comprar producción cooperativista del cerro en 2023, mientras que las reservas de los “pallacos” se reducen este año.

Coeur Mining, que sí tenía la capacidad económica para solventar una remediación ambiental adecuada, partió; la actual operadora Andean Precious Metals, en cambio, no tendrá la capacidad técnica ni económica, y tal vez ni siquiera estarán obligados por el gobierno nacional bajo las condiciones actuales para realzar tal remediación.

Lo que queda en Potosí luego de la bonanza son las lamentables muertos de trabajadores mineros, una contaminación horrorosa, un dique de colas volátil y tóxico y un plan de relleno seco del Cerro Rico, un símbolo nacional, que costaría entre 200 y 300 millones de dólares, un monto mucho mayor a lo que la región “ganó” como regalías. ¿Quién pagará la cuenta?

Kirsten Francescone es la coordinadora del programa América Latina, cogerenta de MiningWatch Canada y postula al grado de doctora en Antropología y Economía Política de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. La tesis que defenderá en 2022 analiza la historia de la privatización del Cerro Rico de Potosí y las empresas transnacionales que se aprovecharon de su riqueza.

Conocemos el riesgo en el cerro hace más de 10 años. Dieron arrendamientos a cooperativas, aunque estaba prohibido

Juan Carlos Manuel, Comcipo

Varias casas de guarda minera se cayeron por el hundimiento por excavación. Al suceder eso, abrieron nuevas bocaminas

Kirsten Francescone, experta