El oficialista MAS cuestiona la petición de Estados Unidos a Bolivia para que el coronel Maximiliano Dávila sea juzgado en Nueva York. La oposición lo califica como una injerencia
Desde varios flancos, demandaron ayer al MAS que deje que el Tribunal Supremo de Justicia analice, sin injerencia, la solicitud de extradición planteada por el Gobierno de Estados Unidos contra el coronel Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga de Evo Morales. De hecho, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, adelantó un rechazo al pedido.
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“¿Por qué Andrónico desahucia la posible extradición del coronel Dávila? La Constitución establece inequívocamente que conocer los procesos de extradición es atribución del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el temor?”, señaló el jurista Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz.
Otra de las críticas surgió desde la Asamblea Legislativa, donde la diputada María René Álvarez (Creemos) observó: “Senador Andrónico Rodríguez, la decisión de extraditar a Dávila no es suya ni del Órgano Ejecutivo es de la Justicia. No interfieran”, afirmó la opositora.
Este martes, Estados Unidos presentó una solicitud “de detención con fines de extradición” contra Dávila. Anunció que enviará “los documentos de respaldo requeridos dentro del plazo de 60 días”. El canciller Rogelio Mayta confirmó que dicha solicitud se analiza desde ayer.
“¿A quién afectaría la extradición del exnarcojefe antidroga a Estados Unidos? ¿A quién representa don Andrónico Rodríguez? Es obvio que él se oponga a la extradición de Maximiliano Dávila”, manifestó el periodista Andrés Gómez en sus redes sociales.
Cuando comenzaron a revelarse los requerimientos legales contra Dávila, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que iba a solicitar información a la embajada de Estados Unidos. Ayer, esa legación no sólo confirmó los cargos contra el exjefe antidroga del país, sino que pidió recompensa de hasta $us 5 millones por información que permitan incriminarlo en el juicio planteado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU.
Tras estos anuncios, Del Castillo cambio el tono respecto a los informes de la DEA que sirvieron para formalizar la acusación contra Dávila. “Como ministro de Gobierno, yo no hablo sobre supuestos; habló sobre resultados. Una vez que tengamos la veracidad sobre algún documento, un video, o un audio que sean comprobados se tomarán las acciones correspondientes. No hablamos sobre supuestos”, afirmó ayer.
Además, aseguró que la agencia antidrogas de Estados Unidos “no va a volver al país”. Afirmó que esa entidad “ha demostrado que su lucha ha fallado dentro del territorio nacional”. Defendió la estrategia antidroga del país y aseguró que se basa “en una responsabilidad compartida” con otros países. “No es una lucha de un solo país”.
Informes de la DEA hacen referencia a que desplegaron agentes en Bolivia, Perú y Colombia para dar con Dávila y sus “socios”. El Gobierno negó que algunos de estos funcionarios hayan llegado al país para esas operaciones.
“Cuando hablamos de las operaciones que tiene la DEA, para que esta sea autorizada primero tiene que tener un carácter diplomático, autorizado por nuestra Cancillería y este no es el caso”, afirmó el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.