En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, William Herrera habló sobre la indignación popular con la justicia boliviana y la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia.
Fuente: Publico.bo
Herrera es doctor en derecho, especialista en derecho constitucional. Es autor de numerosas investigaciones y publicaciones sobre el tema y profesor universitario.
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“El caso del juez Alcón, hermano del que era presidente del Consejo de la Judicatura, máxima autoridad administrativa del Poder Judicial, nos da una pauta de las dimensiones de la corrupción. Es una dinámica común y corriente dentro del Poder Judicial. Es una evidencia más del desmadre y la falta de credibilidad, que generan indignación en la opinión pública. Justo se da cuando está por venir el relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán. Todo esto tendría que desencadenar una gran reforma integral del sistema de justicia”, señaló.
Herrera precisó que hay cuatro ejes en el sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía y el sistema carcelario. “De nada sirve que funcione a la perfección uno de los ejes si los otros no se ponen a tono”, remarcó.
“Al MAS le conviene que el sistema judicial funcione como está funcionando para sus intereses políticos. No le interesan las reformas, esta es su justicia, un modelo que ha fracasado y no lo quieren reconocer. Todos los gobiernos han buscado el control del Poder Judicial, pero ahora la cosa ha sido más grosera”, opinó.
El jurista se declaró escéptico respecto a la anunciada cumbre sobre la justicia convocada por el gobierno: “han habido muchas cumbres y mesas redondas y no dan resultado, por falta de legitimidad y de credibilidad. Si las mesas redondas las va a hacer exclusivamente el gobierno nadie les cree. El desafío es conseguir un gran acuerdo entre los poderes del Estado, los partidos políticos y las instituciones representativas. Hay que buscar gente creíble. Acaba de conformarse una comisión sobre el tema feminicidios que es para distraer o adormecer a la opinión pública, para aparentar que están haciendo algo”.
“La salida sería repetir el procedimiento que se hizo en su momento en los ´90 con la Corte Electoral, cuando se puso al frente a Huáscar Cajías, a gente impecable y se corrigió totalmente. El primer Tribunal Constitucional también estaba integrado por gente muy representativa, designada por consenso. Hay gente meritoria. Lo que se necesita es que la Asamblea Legislativa haga una validación de esos nombres. Esto exige un renunciamiento, sobre todo del gobierno, tener la capacidad y la visión de convocar a las fuerzas representativas. Si no se toma en cuenta a la sociedad civil, cualquier reforma va a fracasar”, subrayó.
Herrera también destacó la necesidad de impulsar la carrera judicial y fiscal, que “existe en los papeles pero no se cumple. Es parte de la intromisión política en el Poder Judicial. De los 1.138 jueces unos 600 son interinos. La escuela de jueces no está funcionando. Más del 90% de los fiscales son interinos”.
“Las universidades, los colegios de abogados, las academias, los empresarios, la COB, todo el mundo debería ser convocado. No es posible cumplir 200 años de vida republicana con la justicia como está. En el ranking internacional del Poder Judicial estamos penúltimos, sólo encima de Venezuela”, añadió.
En las conclusiones, Oscar Ortiz dijo que “mientras el sistema político no renuncie al control sobre el sistema judicial no habrá solución, porque a partir de eso se manipula la justicia y se conculcan los derechos ciudadanos. Es una buena iniciativa fijarse como una meta para el Bicentenario el lograr un acuerdo nacional para una justicia independiente”.