Sugieren reforzar la demanda por el Censo como un proceso de lucha regional sistemática.
El día de ayer, Santa Cruz vivió una nueva jornada de paro departamental, en protesta por la dependencia política del sistema judicial y por la falta de preparativos para el Censo de Población y Vivienda, que debería realizarse el 16 de noviembre de este año.
Desde el movimiento cívico se habló del éxito de la medida y desde fuentes gubernamentales de fracaso. Desde eju.tv buscamos la visión independiente del cientista político José Orlando Peralta.
“La gente se quedó en su casa”
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“El paro en sí fue exitoso, en el sentido de que mucha gente no se movilizó, no hubo transporte y los mercados trabajaron en su mínima expresión. La gente se quedó en su casa y los bloqueos sólo fueron esporádicos. Lo destacable es que la gente siguió un mandato cívico, incluso cuando el paro ha sido desarrollado dos o tres días después de carnaval, cuando las personas están más relajadas”, opinó.
Peralta recordó que el paro cívico “tiene historia en Santa Cruz, por otras demandas en la década pasada que han tenido cierta efectividad. La gente tiene internalizado el método de lucha del paro. Siempre el MAS va a tener una crítica a los paros cívicos regionales, por más justas que sean sus demandas. Los van a descalificar, es su rol como oficialistas, son adversarios de las estructuras cívicas regionales”.
Por otra parte, respecto a la legitimidad de las demandas de democracia y libertad, las dos categorías que ha manejado el comité cívico para justificar conceptualmente el paro, el politólogo consideró que son “demandas obviamente con mucho fundamento, sobre el hecho de que el Poder Judicial es totalmente dependiente del poder político de turno. También porque la libertad de muchos ciudadanos está en juego, como es el caso de Jeanine Añez y muchos otros. Hay una persecución política donde el gobierno ataca a sus opositores desde anteriores gestiones y eso se ha agudizado desde el 2019”.
Sin impacto político inmediato
Sin embargo, el analista fue escéptico en relación a que la medida logre cambios a corto plazo: “Cuál será el efecto político de este paro en relación a la agenda del gobierno, para trabajar en la reforma de la justicia o tener alguna limitación en cuanto a no seguir metiendo presa a la gente sin debido proceso o por causas injustas. En qué medida esta demanda cívica-regional puede llegar a afectar la trayectoria política de las decisiones ya asumidas por el gobierno, respecto a la reforma de la justicia y a cómo tratan a sus opositores a través del Poder Judicial”.
“A mi modo de ver no habrá un impacto inmediato, el gobierno tiene su agenda política, seguir con la idea del golpe de Estado, que justifica su estrategia discursiva con su militancia, para seguir controlando el poder y teniendo apoyo de sectores populares e indígenas que son parte de su estructura orgánica, dirigentes que les dan la votación electoral. Porque todo se trabaja en función del 2025, de las nuevas elecciones. Bolivia es un país donde las cosas se hacen pensando en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Y eso el MAS lo hace muy bien”, dijo.
Peralta también se refirió al costo económico, que “es parte de todo paro, por más justificadas que estén las demandas. La paralización de actividades de la microeconomía, de la gente que trabaja el día a día. Hay una relación de costo-beneficio. El beneficio es político, sea a corto, mediano o largo plazo. En este caso, no habrá ningún efecto en el corto plazo”.
“Debe haber un proceso de lucha por el Censo”
Además, el politólogo remarcó la demanda del Censo, donde “el gobierno tendrá que dar señales de que se está organizando para realizarlo como corresponde. Tendría que ser una demanda regional sistemática, un proceso de lucha, no de manera esporádica. El Censo tendrá efectos sobre la parte política en la distribución de escaños y en la parte económica en la universidad, la gobernación y las alcaldías, para tener políticas públicas equitativas con las regiones, en función de la cantidad de gente que tienen”.
Sobre la reforma de la justicia, acotó que “no es un proceso corto, es un cambio estructural que lleva su tiempo. Sobre todo, hace falta voluntad política de los grupos decisores, pero considerando la correlación de fuerzas en el Parlamento, la reforma de la justicia va en contra de los intereses políticos de corto y mediano plazo del MAS”.
Edición: Emilio Martínez
Entrevista: Melvy Ruiz
© eju.tv