La propuesta de la Cámara Nacional de Industrias, de disminuir en 95% el monto del tributo aduanero omitido, y de esta manera permitir a la justicia iniciar acciones penales a más personas que incurran en delito de contrabando, comienza a tomar cuerpo y está en consideración de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha comenzado sus consultas con el Ejecutivo para viabilizar la medida.
Bajo el actual régimen tributario, un contrabandista podría traficar con mercadería por un valor de hasta 200 mil ufv (equivalentes a 475.882 bolivianos) sin que su delito pueda ser castigado con una pena privativa de libertad y solo se expone a la incautación del contrabando.
De aprobarse las modificaciones al artículo 181 del código tributario solicitadas por los productores, el contrabando sería sancionable penalmente a partir de las 10 mil ufv o su equivalente en bolivianos: 23.794. Es decir, una disminución de 95% del monto actual.
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La propuesta de los industriales responde a una de las conclusiones de la Mesa de Contrabando de la Cumbre de Reactivación Económica organizada el mes pasado, en la cual participaron los sectores productivos del país junto a autoridades del Estado y otras instancias de la sociedad civil organizada.
La primera conclusión de la mesa que trató el tema solicita la “Modificación del artículo 181 del código tributario, reducción de 200.000 UFVS a 10.000 UFVS del valor del tributo omitido de la mercadería comisada como mecanismo de la lucha al contrabando”.
Esta demanda fue entregada por los representantes de la Cámara Nacional de Industrias al Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien en la oportunidad expresó: “Esperemos tener algún resultado en menos de una semana, en coordinación con el Ministerio de Economía, para que esto se pueda encaminar a través de la Comisión de planificación. (…) Nos preocupa demasiado que el contrabando esté superando incluso los niveles de producción en nuestro país”.
Comités departamentales
Otra de las conclusiones de la Cumbre en el tema del contrabando fue el pedido para la creación de comités departamentales de lucha contra este delito con la participación del Estado y los sectores privados. Al respecto, el General Daniel Vargas, viceministro de Lucha contra el Contrabando, explicó que estas instancias ya fueron conformadas en los departamentos de Chuquisaca, Pando y Tarija y que muy pronto se ampliaran a otros puntos fronterizos.
La autoridad expresó la necesidad de que todo el país se involucre en la lucha contra el contrabando, ya que los efectos negativos de este ilícito, afectan a toda la cadena productiva del país y a las arcas del Estado. Explicó que, en el marco de sus atribuciones, los gobiernos subnacionales deben cumplir con su rol en esta tarea.
De acuerdo con la autoridad, las alianzas con el sector privado y el involucramiento de toda la población boliviana es vital para lograr el éxito, ya que “hay una gran cantidad de población que está comprometida en esta actividad ilícita”.
Como tercer punto, los sectores que participaron de la mesa pidieron a las autoridades intensificar las acciones de interdicción al contrabando a través del Viceministerio correspondiente.
Al respecto, las autoridades del Viceministerio informaron que los controles operativos, no solamente se han intensificado en las fronteras, lo que incremento los volúmenes de mercadería de contrabando comisados, sino que también se ha iniciado el control de la venta de mercadería ilegal en las ciudades, en coordinación con las autoridades municipales.
Las dos últimas conclusiones de la mesa de contrabando de la Cumbre de Reactivación Económica están referidas al análisis del impacto de tipo de cambio sobre la competitividad de las exportaciones bolivianas y el incentivo de la apreciación cambiaria al contrabando y la generación de incentivos fiscales para la producción nacional, entre ello la reducción de alícuota del IVA y otros impuestos.
La implementación de estos dos últimos puntos, demandará cambios más estructurales y por consiguiente, más tiempo y un compromiso a largo plazo, no solamente del gobierno, sino también por parte de la sociedad civil y los sectores productivos.