Es la lectura de los abogados de la expresidenta. La Fiscalía mostró el contexto de la crisis de 2019, la renuncia de Evo y el vacío de poder.
Fuente: paginasiete.bo
Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Las pruebas que presentó la Fiscalía en el caso “golpe de Estado II” pueden hacer dar un giro en el proceso penal a favor de la expresidenta Jeanine Añez porque evidencian que en 2019 hubo un “vacío de poder”, algo que puede ir incluso en contra del Ministerio Publico que maneja la tesis de “golpe de Estado”, informó ayer a Página Siete el abogado de la exmandataria, Luis Guillén.
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“Dentro de las propias pruebas del Ministerio Público se evidencian bajo elementos contundentes todo lo que sucedió en 2019, entre ellos el vacío de poder provocado por las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. Cuando se leía toda esta prueba se entendía todo lo que estaba sucediendo en esa época, los conflictos, la convulsión social provocada por la renuncia de Morales”, complementó Guillén.
En la audiencia que se realizó, la defensa logró que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz admita el ingreso de “la prueba por su lectura” conforme a la norma.
¿Puede hacer caer la tesis del golpe de Estado? preguntó este medio a Guillén, quien respondió afirmativamente.
Con la lectura de las mismas se logró “revivir”, según Guillén, todo el contexto de los sucesos de noviembre de 2019, como la muerte del comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, coronel Heybert Yamil Antelo,y los pedidos de paz del Comité de Defensa de la Democracia, entre otros.
Es así que con la lectura inextensa de las pruebas de la Fiscalía contra Añez se mostró “un enfoque de lo que realmente sucedió y no de lo que pretende escoger el Ministerio Público para sustentar su acusación”.
La Fiscalía presentó 70 pruebas en el proceso contra Añez, de las cuales 65 fueron avaladas por el Tribunal Primero de Sentencia.
Asimismo, Guillén observó que entre las 65 pruebas, la Fiscalía presentó la lista de los policías que presuntamente participaron del motín policial, hecho que para la Defensa no tiene “conexión” con el proceso “golpe II”. Otro aspecto que llama la atención es que la Fiscalía insiste en involucrar al actual gobernador Luis Fernando Camacho, pese a que el caso no es por sedición.
