Mediante decreto 4716, el gobierno del presidente Luis Arce determinó que el Fondo de la Renta Universal de Vejez se constituya en destinatario de parte de las utilidades de la Gestora
El Gobierno dispuso que parte de las utilidades generadas por la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo por actividades administrativas vayan a “coadyuvar” el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que otorga a los beneficiarios un monto anual de Bs 4.550.
Mediante el decreto 4716, se determinó que la transferencia al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez “previamente las reinversiones necesarias e inversiones tanto en infraestructura, en la operativa administrativa, en sistemas u otra necesaria para su desenvolvimiento, cumplir las obligaciones con el Tesoro General de la Nación y constituir la Reserva Legal”.
El artículo 1 de la norma establece que el objetivo es “coadyuvar al financiamiento del Fondo de la Renta Universal de Vejez – FRUV”.
La Renta Universal de Vejez es una prestación vitalicia que reciben los bolivianos mayores de 60 años, que no perciban una renta en el Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto del Estado. Los beneficiarios que reciban una renta de jubilación solo reciben Bs 3.900.
Hasta el 2021 los beneficiarios llegaron a más de 1,1 millones, por lo que se terminó cancelando Bs 4.834 millones, según datos oficiales de la entidad estatal.
Este beneficio social, además de los gastos funerarios, es pagado con el “30% de todos los recursos percibidos del IDH, de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación; b) Los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos”.
Ahora la propia Gestora aportará al Fondo de la Renta Universal de Vejez. A partir del decreto 4716 el fondo se constituye en “otro de los posibles destinatarios de parte de las utilidades que dicha Empresa Pública genere, a fin de coadyuvar al financiamiento de la Renta Dignidad y Gastos Funerales que son Prestaciones del Régimen No Contributivo de la Seguridad Social de Largo Plazo”.
Desde 2018 la gestora estatal se encarga de administrar y cancelar la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales.