Analistas advierten que este impuesto no recauda y sólo ahuyenta las inversiones en Bolivia, por lo que piden eliminarlo y dar paso a una reforma tributaria.
Oficina de Impuestos Nacionales en Cochabamba. | HERNAN ANDIA-
Entradas de inversión extranjera directa | Los Tiempos
El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) cumplió dos años de vigencia. En 2021 recaudó 240 millones de bolivianos que, según analistas, es un monto mínimo en comparación con la fuga de capitales extranjeros que se reporta en el país desde diciembre de 2020, cuando se aprobó la medida.
Analistas consultados aseguran que este impuesto no recauda y sólo ahuyenta las inversiones, por lo que piden eliminarlo y dar paso a una reforma tributaria.
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Para el investigador de la Fundación Milenio, Orlando Castellón, el IGF es un impuesto político, ineficaz, que espanta los capitales y desincentiva las inversiones, por lo que es necesario realizar una reforma tributaria para mejorar las recaudaciones.
“La recaudación del IGF es totalmente incipiente. Su presión tributaria es menor al 0,02 por ciento y sus efectos son negativos para la economía. ¿Cómo se puede progresar de esta forma? El círculo de la pobreza radica en la ausencia de capital, sin dinero no se puede crecer, se debe incentivar la llegada de capital”, indicó.
El informe Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que en 2018 Bolivia recibió 302 millones de dólares de IED, pero en 2019 salieron del país 217 millones de capitales extranjeros. En 2020, año en que se promulgó la Ley 1357 de IGF, salieron del país 1.097 millones de dólares de IED, de modo que la cifra se disparó en 70 por ciento.
“Si hacemos un análisis, las consecuencias son más negativas que positivas y eso se ve con estadísticas de la Cepal. En vez de traer nuevas inversiones al país, más bien han salido capitales, una de las razones es este tipo de medidas, que desalienta la inversión extranjera y termina desincentivando la permanencia de capital dentro del país”, explicó Castellón.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza, dijo que el IGF tiene muy poco impacto económico para el país, por lo que considera que se necesitan otras leyes que impulsen el empleo y una real reactivación económica.
Daza también recomienda realizar una reforma tributaria para que todos los que tengan actividades económicas paguen impuestos.
El economista Germán Molina afirmó que el IGF genera una recaudación adicional que beneficia las arcas del Estado y que a corto plazo le permite cubrir algunos gastos debido al momento de iliquidez que atraviesa.
Sin embargo, Molina coincidió en que el impuesto es un desincentivo para los inversionistas y desanima los nuevos emprendimientos.
“El IGF es favorable a corto plazo, pero los efectos se verán a mediano y largo plazo”, dijo.
Las personas naturales, residentes en el país, con una fortuna neta acumulada situada o colocada en el territorio nacional o en el exterior mayor de 30 millones de bolivianos, debieron pagar el IGF hasta el 31 de marzo de 2022.
Mientras que las personas nacionales o extranjeras que no residen en el país pero que poseen en Bolivia ese monto, debieron pagar el impuesto hasta el último día hábil de abril.
El artículo 15 de la Ley 1357 del IGF establece que la multa por incumplir el pago del IGF equivale al 200 por ciento del tributo omitido.
Tributo ineficiente.
Para Castellón, el actual sistema tributario es complejo, inequitativo, ineficiente, burocrático y que busca recaudación a través de multas y sanciones, de modo que genera incertidumbre en los contribuyentes.
“Todo es causal de multa, buscan recaudar más por las sanciones que por el cobro de impuestos. Mientras no haya una reforma tributaria vamos a seguir en este sistema que ya ha cumplido su ciclo de vida, lastimosamente. Estamos en los últimos puestos de eficiencia tributaria en el mundo”, explicó Castellón.
Dijo, además, que la ley del IGF presenta problemas técnicos y compite con la Ley 031 de Autonomías, que señala que los impuestos patrimoniales deben cobrarlo los municipios. Y es que la ley del IGF también tiene tuición en los bienes patrimoniales.
“Si alguien posee estos bienes debería liquidar para poder pagar el impuesto, ahí se produce otro efecto en lo que es el IGF. La ley reconoce como pago a cuenta lo que se ha pagado en el municipio, es otra forma de eludir. Ahí existe esta incompatibilidad”, dijo Castellón.
240
Millones de bolivianos es el monto recaudado por Impuestos Nacionales por el Impuesto a las Grandes Fortunas.