El riesgo moral es un problema de información asimétrica que tiene como consecuencia un desequilibrio en la toma de decisiones.
Un ejemplo muy utilizado para una mejor comprensión es el mercado de seguros. Cuando uno tiene un seguro a todo riesgo para su vehículo, no tiene incentivos a cuidarlo, porque sabe que cualquier desperfecto que tenga el vehículo será cubierto por la empresa aseguradora, por lo tanto, el conductor tiene un comportamiento de conducción muy arriesgado.
En el caso boliviano el problema nace a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) que en parte de su Artículo 93 señala “Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.”. Sin embargo, el problema no se encuentra necesariamente en la CPE, ni de la administración de las Universidades Públicas Autónomas (UPA), sino de quienes son los beneficiarios finales, es decir, los estudiantes matriculados. Si salen las cosas bien, las UPA gradúan más profesionales capacitados para un mercado laboral que los requiere (dejando de lado por ahora el debate de las carreras que demanda el mercado, así como el ineficiente vínculo entre las Universidades y las empresas que procuran el desarrollo económico).
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Si las cosas no salen bien, las pérdidas se socializan, es decir, que existen más estudiantes matriculados; menos egresados y titulados que consecuentemente generan presión al financiamiento estatal (que, como se dijo antes, está asegurado constitucionalmente). Con todo, ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cambiamos la CPE?; ¿Seguimos siendo observadores silenciosos de estudiantes que están diez; veinte o más años matriculados?, que, dicho sea de paso, pueden recibir un salario cuando son dirigentes; cuentan con seguro de salud; entre otros beneficios.
Una alternativa de solución son los sistemas de vouchers educativos (bonos canjeables), que fueron promocionados desde los años 60 y han tenido resultados diversos, puesto que no es una receta única que funciona bien indiferentemente del sistema económico de cada país. En el caso boliviano, cuando un estudiante ingresa a una Universidad Pública, el presupuesto designado para formar al estudiante debería ser asignado directamente a la demanda, es decir, al estudiante, pero en forma de voucher universitario, intransferible y no monetizable excepto por la UPA dónde esté matriculado y exclusivamente para solicitar presupuesto público.
Este monto presupuestado tiene validez por un número máximo de años (digamos 6), para que el estudiante los canjee por su educación, asimismo, en caso de repetir alguna materia, el costo debería ser cubierto, en al menos un porcentaje, por el estudiante. Ahora bien, en caso de abandono, el beneficiario debería salir del sistema universitario público, así como la extinción de los vouchers asignados. A esta idea agreguemos un componente tecnológico de digitalización y control por las Universidades, así como por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin que esto signifique una afrenta a la autonomía universitaria, simplemente velando por la transparencia de la información.
Bienvenido a la Universidad Pública, usted ha sido aceptado tras haber aprobado sus cursos preuniversitarios y su examen de ingreso. Aquí tiene sus vouchers que pagamos todos los bolivianos, utilícelos con responsabilidad.
Mauricio Rocabado Rocabado
Economista – UMSA
Mgr. Gestión y Políticas Púbicas – UCB
Master in Business Administration – INCAE Business School