El ministro Lima afirmó en la réplica que “se han dado pasos” para cumplir las recomendaciones del jurista. El reporte sobre Bolivia presenta observaciones vinculadas con la corrupción, la ineficiencia del sistema y la dependencia del poder político.
Diego García-Sayán en su informe en Ginebra
Fuente: El Deber
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Mauricio Quiroz Terán
Tras la presentación del informe sobre “la crisis estructural de la justicia boliviana”, el relator especial para la independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, abogó ayer en Ginebra para que la apelación, invocada por la expresidenta Jeanine Áñez, se ajuste al debido proceso.
El jurista internacional ratificó sus observaciones sobre la sentencia a 10 años de prisión que recibió Áñez hace 12 días y precisó que ellas están inscritas en el documento que presentó el 17 de junio el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Además, García-Sayán ayer reconoció a Áñez como expresidenta en su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que celebrará su 50 periodo de sesiones hasta el próximo 8 de julio.
“La señora Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019”, afirmó el relator especial ante el pleno del Palacio de la ONU en Suiza.
El núcleo de la presentación de García-Sayán fue, en todo caso, estuvo basado en los factores que favorecen la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país. El balance se presentó en un resumen de 10 observaciones sobre los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero. Señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, la deficiente formación de jueces y fiscales, así como la corrupción” en el sistema judicial.
García-Sayán, en el cargo desde 2016, se apoyó en informes oficiales y en el resultado de entrevistas que realizó en Bolivia. Observó el proceso de preselección de los candidatos a las altas magistraturas de la justicia del país porque está a cargo de una entidad política como es el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional y puso el caso de Áñez en el capítulo sobre los excesos en la práctica de la detención preventiva. Precisó que siete de cada 10 procesados están en las cárceles sin sentencia.
Tras la presentación del relator, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se han dado varios pasos para atender las propuestas del relator, especialmente aquellas vinculadas con la justicia indígena, que está en la Constitución, pero que fue limitada por “legislación posterior”. Eso sí, la autoridad advirtió de posibles “tergiversaciones” del informe que se leyó ante la ONU.
“Vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar y malinterpretar declaraciones del relator que han tenido como fin buscar el permanente mejoramiento de la administración de la justicia en el país”, señaló Lima durante su intervención, a través de medios virtuales ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
Señaló así que el informe de García-Sayán “plantea la posibilidad de lograr un trabajo constructivo” y agradeció el “acompañamiento de la comunidad internacional” con miras al proceso de reforma judicial y la reparación de daños provocados en el contexto de la crisis de 2019. El relator lamentó, no obstante, que familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, así como de la zona Sur de La Paz sigan buscando justicia dos años después de esos sucesos.
En esta ocasión, Lima no hizo ningún comentario sobre la sentencia que dictaminó un tribunal ordinario de La Paz contra la exmandataria, pero aseguró que se aplicarán todas las medidas de reparación de los efectos de la crisis de 2019 en mérito a los preceptos de “memoria, verdad y justicia”.
En la dúplica, García-Sayán sí se refirió al caso de la expresidenta y, aunque optó por un tono más diplomático, refrendó sus observaciones en base a las percepciones técnicas de Naciones Unidas.
“Puede haber matices o puntos de vista discrepantes sobre ciertos aspectos y la sugerencia que, en función de los estándares vigentes, los procesos legales judiciales, y penales en particular, sea cual sea la magnitud de la persona o las personas que estén procesadas, se tengan que respetar con todas las garantías judiciales, los derechos fundamentales y el debido proceso”, apuntó.
El jurista continuó: “En el caso que ha sido materia de discusión y polémica en los últimos días en Bolivia (sentencia de Áñez), que, en el proceso de apelación que está en curso, se asegure y se dé pleno cumplimiento a los estándares que han sido recordados por la misión técnica de Naciones Unidas cuando emitió un comunicado”, afirmó García Sayán.
La organización internacional afirmó, en su comunicado del 17 de junio, que sus observaciones no constituyen una injerencia en el sistema judicial boliviano. El Alto Comisionado de Naciones Unidas observó así que el proceso contra la exmandataria, militares y policías se realizó en ausencia de los acusados, les impidió una defensa adecuada, la presentación de pruebas y la posibilidad de que se respeten sus derechos.
Además, identificó “la ambigüedad de los delitos” como el incumplimiento de deberes y señaló el uso excesivo de la detención preventiva, las audiencias virtuales, el juicio en rebeldía, el acceso a la prueba testifical y el excesivo número de acusadores: Tres ministerios, la Fiscalía, la Cámara de Senadores y la Procuraduría.
El caso contra la expresidenta Áñez, llamado “golpe II” por la propia Justicia, está relacionado a los delitos que cometió la exmandataria cuando, en su calidad de senadora, accedió al poder sin cumplir con todos requisitos legales tras la renuncia de Evo Morales. Fue juzgada como exsenadora y su mandato no es reconocido por ninguna de las autoridades del Órgano Ejecutivo.
Por eso, el expresidente Morales espera que Áñez sea enjuiciada, también por la vía penal-ordinaria, por los actos desarrollados durante su mandato, como son las masacres de Sacaba y Senkata, cuando murieron 22 civiles en el contexto de la crisis de 2019. De hecho, el líder del MAS activó una polémica cuando reveló que, en una reunión política, se decidió impulsar las causas penales ordinarias contra la expresidenta.
Esa acusación, formulada por la Fiscalía bajo la tipificación de “genocidio”, llegó a la Comisión Mixta de Constitución para que la Asamblea Legislativa apruebe un juicio de responsabilidades. Entre agosto y septiembre de 2021, el MAS “despejó” unas 30 proposiciones acusatorias pendientes contra otros expresidentes —Jorge Quiroga y Carlos Mesa entre ellos— para poder tratar la autorización del juicio contra la exmandataria en el pleno de la Asamblea Legislativa, donde no tiene dos tercios de apoyo que se requieren, según la Constitución.
El viceministro de Justicia, César Siles, precisó en una entrevista con EL DEBER-Radio que este es un tema que no está en el escenario político, puesto que, incluso, deberá ser tratado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sobre las observaciones de la ONU sobre el delito por el que fue condenada Áñez, Siles admitió la posibilidad de un debate “estrictamente jurídico” en el marco del proceso de apelación que su defensa legal presentará en los tribunales. “Es un criterio, discutible, cierto, y por eso se van a presentar las apelaciones”, afirmó Siles sobre el contenido de las observaciones internacionales.
“El Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta la argumentación de la Procuraduría y la Fiscalía de hacer una ampliación de una rueda de concurso real de delitos, que podría determinar 15 años de privación de libertad. Por lo tanto, ese es uno de los temas que podría ser sujeto a revisión en un recurso de apelación”, señaló en cambio Lima en una entrevista que concedió a Bolivia Tv el domingo, antes de la presentación del informe de Diego García-Sayán en la ONU.
En la audiencia de ayer, la delegación de la Unión Europea (UE) en Ginebra respaldó el informe de García-Sayán, el último de su gestión de seis años, con un llamado a respetar la independencia de la justicia y las garantías en favor del ejercicio de la abogacía. Las delegaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua respaldaron abiertamente la gestión del Gobierno del presidente Luis Arce y evitaron comentarios porque reclamaron la vigencia del principio diplomático de la no injerencia.
García-Sayán concluirá su gestión en la ONU en noviembre.