Martín Camacho, el abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de su padre, José Luis Camacho, afirmó este martes que, si bien la jurisprudencia del caso Golpe de Estado I está en La Paz, su defendido puede declarar en su lugar de residencia. En este caso, la capital oriental, porque “la Fiscalía no investiga personas, sino hechos”.

La tarde del lunes, el fiscal Carmelo Laura suspendió la audiencia de declaración del Gobernador cruceño y justificó su decisión debido a supuestas amenazas en contra de los miembros de la comisión de fiscales que lleva ese caso.

“El proceso tiene su jurisdicción en la ciudad de La Paz, pero no es una jurisdicción respecto a las investigaciones. Las investigaciones, por los hechos, pueden realizarse en cualquier parte del territorio nacional (…). La Fiscalía no investiga personas, sino hechos”, aseguró el jurista en una entrevista con La Razón Radio.

“No hay una obligación a que la declaración se tome donde se encuentra la sede judicial, fuera distinto si habláramos de una audiencia ante el juez”, agregó.

Sobre la suspensión de la declaración del lunes, el abogado aseguró que no recibieron la notificación “como corresponde dentro de un proceso” y que se enteraron por los medios de comunicación y las redes sociales. Pese a eso, dijo Martín Camacho, “mi recomendación fue la de ir, porque una conferencia de prensa no es el medio oficial” para informar sobre la suspensión de una audiencia.

Además, afirmó que al Ministerio Público le corresponde investigar todas las denuncias contra Luis Fernando Camacho y que éste puede abstenerse de declarar.

El caso Golpe de Estado I fue abierto a instancias de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en contra de Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y los personajes que formaron parte de su cuestionada sucesión presidencial, por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, Áñez, que entonces ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quórum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), hecho que fue calificado como un golpe de Estado por el partido oficialista.