El desborde del narcotráfico en Bolivia y de los delitos asociados a este ilícito se teatraliza en la puesta en escena del “caso Nallar”, que ha dejado tres ajusticiamientos a plena luz del día.
El delito in flagrante no nace de la noche a la mañana y procrea cuando el Estado lo permite y lo propicia, como es el caso de la innegable eclosión de narco (vínculos, crímenes, protección), que llevan a la configuración de un narco gobierno/ narco Estado que se avizora detrás de las cortinas de humo que intentan tapar las evidencias.
La pugna fratricida desatada en el masismo deja entrever cuán importante ha sido y es para el gobierno del MAS el negocio del narcotráfico, cuanto peso tiene en el marco del partido y del poder político, al punto que ha desatado un escandaloso ir y venir de denuncias y vendettas en la que dos facciones recientemente conformadas luchan por retomar las riendas del espacio de poder que es fuente de las jugosas ganancias que estas actividades derraman a su paso.
Todos los caminos llevan al Chapare, al poder cocalero, político y sindical que ha sido concebido y configurado desde un diseño estatal y pseudo legal creado exclusivamente para manejar el poder a la medida del enriquecimiento ilícito, la protección del delito, la impunidad, la extorsión y la maquinaria represiva como corolario de control e impunidad estatal.
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Con un discurso incendiario de cambio, que ha usado como disfraz la desigualdad social y el indigenismo, el poder estatal, de casi 2 décadas de gobierno masista, ha ido abriendo todos los candados institucionales hasta la toma del poder total que puede permitirse todos los excesos al amparo de un paraguas retórico que tilda de imperialista, enemigo y fascista a todo lo que tiene vestigio de independencia, institucionalidad o control y contrapeso.
La DEA fue expulsada para poner en manos del Chapare una supuesta Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con un Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y de otras unidades claves en dependencia directa con el poder cocalero. Un diario local plantea que: “Según policías activos y pasivos, desde que la FELCN pasó a depender del Ejecutivo se amplió la injerencia del trópico.
“La FELCN envía la lista de policías destinados a la unidad al Viceministerio (de Defensa Social y Sustancias Controladas) y ahí hacen su filtración. Luego viene la intromisión política, sugieren otros nombres. Posteriormente, envían al Ministerio de Gobierno y desde allí aprueban a algunos, sacan a unos y meten a otros recomendados. ¿Quiénes recomiendan? Los del Chapare fundamentalmente”, como lo reveló un coronel de la Policía, quien pidió reserva en su identidad por temor a represalias.
Ante esta realidad no hay nada que hacer a menos que se vuelva a plantear un diseño de lucha antidroga con independencia del poder político y con supervisión de organismos internacionales.
Para distraer la perdiz se han movido algunas fichas en el tablero del “narco gate” y cambiaron los generalatos, suplantando al comandante de la policía Aguilera por Ponce, ambos oficiales cuestionados, cuyos ascensos han sido fruto de una clara adhesión y sometimiento político antes que de méritos y carrera.
Podemos decir que dentro de la acostumbrada farsa que es parte de los circos distractivos que usa el gobierno para salir al paso, han llevado el delito ante “Ponce – Pilatos” para que este realice el consabido lavado de manos mientras se siga crucificando al pueblo de Bolivia, que en medio de la clara vorágine de destrucción que hoy soporta se encuentra urgido de encontrar una vía de salvación.
¡No hay Estado de Derecho, todas las instituciones son hoy por hoy una mueca de impostura! No hay independencia de poderes y al margen de la ley estamos postrados al imperio del delito y la arbitrariedad.
¡Solo el pueblo y su lucha podrán redimirnos de este flagelo! “Ponce Pilatos es parte del circo chapareño”.
Centa Rek López
Senadora por Creemos