Tuffí Aré – Director Asuntos Centrales
Fuente: https://asuntoscentrales.com
La semana del segundo paro por el censo en Santa Cruz y de convulsión de los cocaleros de Yungas en La Paz ha servido para ratificar la decisión del Gobierno de manejar selectiva y discrecionalmente su aparato represor en manos del ministro Eduardo del Castillo, apoyado por la vergonzosa parcialidad de fiscales y jueces.
Veamos lo ocurrido en Santa Cruz, con el llanto de una familia que reclama la libertad de Carlos Andrés Aguilera, un joven del Plan Tres Mil, de solo 23 años. Aguilera es el mayor de cuatro hermanos de una familia humilde del Plan. Hasta antes de ser detenido en el censo, se ganaba la vida con sus oficios de plomero y electricista. Conseguía también algunos pesos adicionales por su talento en el fútbol amateur, para apoyar el sustento de su padre, de su madre, de su joven esposa y de sus hermanos.
Pero desde el jueves está en la cárcel de Palmasola, por una dudosa acusación de portar una mochila con petardos en los enfrentamientos por el paro en el Plan Tres Mil. La Policía de Santa Cruz no ha aclarado las denuncias que sindican a algunos agentes de sembrar la mochila y armar el caso para dar un escarmiento a los que bloquean por reclamar el censo para 2023.
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Tampoco aclara las denuncias de que golpearon a Carlos Andrés y a otros tres jóvenes, sacándolos de una casa, sin ningún mandamiento de aprehensión u orden judicial.
Como también ocurrió toda la semana en La Paz con los abusos denunciados por los cocaleros opositores al Gobierno, la Policía no tiene interés alguno en aclararlo, y ha recibido claramente una licencia para deshacer las protestas opositoras. El derecho a la protesta se ha criminalizado. Las marchas y paros se han judicializado, se penalizan, pero solo para los opositores. Sin nadie que frene el abuso, el Ministro de Gobierno, hace trizas el derecho humano al debido proceso. Detiene, acusa y sentencia en público.
No tenemos Defensoría del Pueblo, no actúa el Ministerio de Justicia para detener los abusos del aparato represivo-judicial. Los organismos internacionales miran de palco esta penosa realidad o, a veces, reacciona con tibios comunicados para contener el aparato represor-judicial, que ha decidido ser discrecional y selectivo: duro con los opositores y blandengue con los seguidores del Gobierno.
Hay desamparo, hay impotencia. El único dique de contención que queda contra el abuso del aparato represor son algunos parlamentarios, algunos medios de comunicación. Incluso algunos diputados fueron en días recientes hostigados y hasta arrestados, sin siquiera respetar la inmunidad constitucionalizada. Pronto podrían ir también por algunos periodistas y lo poco que queda del dique para contener los abusos del aparato represivo-judicial.
