El politólogo considera que la acusación contra él iniciada por la Fiscalía y referida a su paso como analista en la estatal BoliviaTV tiene el propósito de acallar las voces críticas al gobierno del MAS.
Fuente: Brújula Digital
El politólogo Diego Ayo considera que la acusación contra él iniciada por la Fiscalía y referida a su paso como analista de BTV tiene un propósito político, acallar las voces críticas al gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción inició un proceso contra los periodistas Gonzalo Rivero y Shirley Gutiérrez, que fueron ejecutivos de BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, por la contratación de Ayo, que tuvo un programa que se emitía de lunes a jueves en horario nocturno.
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“Es un tema administrativo que el gobierno lo convierte en acusación penal, con hasta 10 años de cárcel. La desproporción y la falta de sustento demuestran que esta es una acusación política, lo que busca el oficialismo es acallar a los que piensan distinto”, dijo Ayo a Brújula Digital.
Expresó que los operadores de justicia son los “verdugos” de un gobierno autoritario como el que encabeza el MAS.
La acusación de la Fiscalía, que fue dada a conocer por la agencia ANF, señala que la contratación a Ayo fue irregular, y señala entre otros el precio pagado a Ayo por la producción del programa, aunque el monto era bajo: unos 190 dólares por programa, que incluía todos los gastos y subcontrataciones. El monto mensual era de 20.880 bolivianos.
El fiscal José Rodríguez es quien presenta la acusación contra los tres, además de personal administrativo que trabajaba en el canal durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
El fiscal Junior Flores hizo una acusación paralela, pero similar, contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., que también fueron ejecutivos de BTV durante el gobierno transitorio. En ese caso, los acusan de haber contratado a un tercer periodista, Pablo Llano, pagándole un salario mayor al que establece una supuesta escala salarial para empresas estatales.
Las asociaciones de periodistas se solidarizaron con Ayo, Rivera, Gutiérrez, Rojas y Adriana G. y con el resto del personal administrativo que procesó los contratos.
En el comunicado, las asociaciones de periodistas “consideran desproporcionada y fuera de norma la acusación por la firma de un contrato, que debe ser tramitado por la vía administrativa pero que sin embargo la Fiscalía interpreta como un acto lesivo al Estado, tipificado como un delito sancionado con cinco a 10 años de cárcel”.
Las entidades creen que “detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas” y por ello demandan “el cese del acoso judicial contra los periodistas que lo único que hicieron fue ponerse al servicio de un medio estatal en un momento de aguda crisis democrática en el país”. (BD/RPU)
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