La protesta exige que la Gobernación abrogue la ley que protege el área Güendá – Urubó y que se construya una carretera.
Eduardo Ruilowa
La polémica ley en disputa fue promulgada por el exgobernador Rubén Costas, el 10 de marzo de 2021, estableciendo como Pasaje Protegido un área de 44.711,09 hectáreas, ubicada entre los municipios de Porongo, Buena Vista y Portachuelo.
Con esta ley se prohíbe “toda obra, actividad o proyecto de infraestructura que tienda a modificar el cauce o flujo natural y la cuenca de los ríos ubicados en la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural Guendá- Urubó, por constituir la fuente vital de todo el ecosistema y la biodiversidad”, puesto que los acuíferos ubicados en el área proveen el 60% de agua que consumen los cruceños.
Fernando Vázquez, miembro del Comité Impulsor de la Carretera que exige la abrogación de esta ley, señaló a EL DEBER que la disconformidad de los comunarios con esta normativa se debe a que no fue previamente socializada y afecta a las más de 3.000 familias que tienen parcelas en la zona.
“La ley ignora que hay más de 3.000 parcelas, la mitad con titulación en derechos reales y la otra mitad en proceso de saneamiento y un tanto de personas con posesión de tierra. Además de 23 comunidades antiguas de más de 50 años. Esa ley impone en su Artículo 11 restricciones a la propiedad privada y condiciones, como que no se puede tocar nada ahí adentro, uno va a seguir siendo dueño, pero no puede aplicar el concepto pleno de la propiedad que le permita gozar y disponer de su espacio”, dijo Vázquez.
El artículo referido por el dirigente establece que se respetarán los derechos legalmente adquiridos con anterioridad a la declaratoria de ‘Patrimonio Natural Güendá – Urubó’, debiendo adecuar sus actividades al cumplimiento de las condiciones y normas de operación, uso y zonificación establecidas en el Plan de Manejo.
“Queda prohibido a partir de la fecha y dentro de los límites señalados en la superficie total de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Guendá – Urubó, la concesión de nuevas áreas de colonización, dotación y adjudicación de tierras, autorizaciones de caza o pesca comercial que atente y/o impacte directamente contra los recursos naturales del área, como también queda prohibida la implementación de nuevas urbanizaciones, debiendo las existentes adecuarse a las nuevas disposiciones establecidas en la presente Ley”, dice la norma.
No obstante, los comunarios afectados citan el parágrafo II del Artículo 10 que refiere que “en casos excepcionales y previa declaración de interés departamental o nacional, mediante ley expresa, se podrá permitir el aprovechamiento de recursos minerales o energéticos, o el desarrollo de obras de infraestructura en el área”, para sustentar su pedido de la construcción del tramo carretero.
El 23 de abril, la Gobernación cruceña se comprometió a firmar un acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para iniciar la construcción de la carretera del kilómetro 13 que une el municipio de Buena Vista con Las Cruces. De esta forma se logró que los comunarios levanten un bloqueo que instalaron en esa fecha. Sin embargo, desde entonces no se tuvieron avances en la obra, por lo que las protestas se reanudaron esta semana.
Acercamiento
El miércoles se sentaron técnicos de la Gobernación de un lado, y del otro: el equipo técnico y jurídico de los comunarios y el Comité de Tierras y Trabajo que representa a los manifestantes. La Gobernación fue enfática en su postura de no abrogar la Ley Departamental 208, no obstante, dio alternativas para la construcción del tramo carretero en otras rutas.
Vázquez descartó aceptar la propuesta de la Gobernación debido a que “la ruta que ellos proponen sale a Portachuelo y beneficia a grupos empresariales de urbanizaciones grandes. Que es donde se encuentran los acuíferos que de verdad proveen agua a Santa Cruz”.
En tanto, la vigilia permanece por tercer día en puertas de la Gobernación y amenazan con radicalizar la medida desde este jueves. Según Vázquez, más de 250 comunarios arribarán en el transcurso de esta jornada para reforzar la protesta. Y cumplieron su amenaza, este jueves, cuando los funcionarios cumplieron su horario laboral y pretendían salir del edificio, se encontraron con las rejas pegadas llave y se declararon «secuestrados».
Por su lado, Keila García, asambleísta departamental de Creemos, en contacto con EL DEBER Radio, reafirmó que la Gobernación se mantiene firme con su posición de no abrogar la ley y buscar alternativas para la construcción del tramo carretero en otro punto, respetando el medioambiente y sin que se afecte la reserva hídrica.
“No podemos abrogar esta ley porque sería cometer un atentado contra el medioambiente. Esta ley protege y cuida los acuíferos y no vamos a abrogarla. Lo que sí queremos es sentarnos con todas las personas para consensuar y explicarles que tenemos otras opciones”, sostuvo García.