Si hay un sector que puede conciliar el desarrollo productivo con la conservación del medio ambiente es el forestal, que requiere la subsistencia del bosque para su sostenibilidad de largo plazo. En este sentido, la apuesta pública y privada por la economía verde debería poner en agenda el fortalecimiento de esta actividad, que puede contribuir a varios objetivos complementarios: 1) aumento significativo en los ingresos nacionales por exportaciones, 2) sustitución de las importaciones madereras, y 3) facilitar la captación de financiamiento público externo, mejorando los indicadores de protección ambiental en el país. Veamos:
1.000 millones de dólares anuales
El sector forestal y maderero es uno de los principales motores económicos bolivianos que se podrían activar, compensando la pérdida de volúmenes exportables en materia de hidrocarburos.
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Según estadísticas de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), cerca de la mitad del país está cubierta por bosques: son 55 millones de hectáreas, de las cuales 25 millones tienen vocación para la producción forestal. Cada una de estas hectáreas posee un potencial productivo de 15 metros cúbicos.
Actualmente, se producen 1.300.000 metros cúbicos por año, cuando existe el potencial para llegar a una producción de 5 millones de metros cúbicos. A partir de estas cifras, el cálculo es que el sector podría generar 1.000 millones de dólares anuales en excedentes de exportación, ya abastecido el mercado interno.
Una de las principales herramientas para esta dinamización sería la creación de un Régimen Unificado Forestal (RUF), a semejanza del Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Un proyecto planteado en este sentido por la CFB indica que el régimen especial haría posible que las comunidades indígenas y campesinas (que representan el 75% del sector forestal) accedan a una nota fiscal no tributante, que les permita formalizarse, abriéndoles las puertas a la inclusión financiera.
Sustitución de importaciones madereras
El sector forestal-maderero de Bolivia abasteció a la demanda interna por más de 60 años. Sin embargo, en tiempos más recientes el país llegó a convertirse en importador de madera (2016-2018), existiendo actualmente un pequeño margen positivo. De todas formas, el potencial para sustituir importaciones de madera es muy amplio y podría ser un elemento relevante para frenar la salida de divisas.
Esto puede viabilizarse con reformas como la señalada en párrafos anteriores, acompañada por una reducción moderada de las regulaciones y de la burocracia sectorial. También es crucial frenar los avasallamientos de bosques y ponerse como meta el “desmonte ilegal cero”.
Bonos indexados a objetivos verdes
Adicionalmente, una apuesta fuerte por el sector forestal podría ayudar al Estado a captar mayores fondos a nivel internacional.
No nos referimos en esta ocasión a los Certificados de Reducción de Emisiones (CREs), que han venido siendo rechazados desde esferas gubernamentales por razones más ideológicas que técnicas, sino a la posibilidad de generar instrumentos financieros innovadores, similares al que puso recientemente en el mercado el Uruguay.
Este país lanzó hace poco una emisión de bonos soberanos “indexados a objetivos climáticos”, por un monto de 1.500 millones de dólares. La oferta resultó un éxito y los bonos se agotaron rápidamente. “La característica más importante de esta operación es que el interés de este bono está atado a dos indicadores: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el mantenimiento de la superficie de monte nativo”, señaló la ministra de economía y finanzas del Uruguay, Azucena Arbeleche.
En otras palabras, se indexó la tasa de interés al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural, en un proceso que contó con la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Teniendo en cuenta el relativo fracaso de Bolivia de meses atrás, cuando sólo pudieron colocarse en los mercados internacionales 850 millones de dólares en bonos soberanos de los 2.000 que se habían planteado como objetivo, no estaría de más analizar la adopción de mecanismos semejantes, mucho más viables si se apuesta en serio por la vocación forestal sostenible de gran parte del territorio nacional.
Gabriela Sibauty es Directora general del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz