La CEPB considera que los legisladores tampoco escucharon las observaciones del sector cuando se estaba por aprobar leyes que consideran «regresivas y perjudiciales» para el sector privado.
Fuente: El Deber
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó como “improductiva” y “excluyente” la relación que impuso el Gobierno con el sector privado durante esta gestión.
Este 2022, esta relación “ha sido distante, desigual e improductiva. Pese a que es evidente la difícil situación de la economía del país, y a las muchas solicitudes e intentos de nuestra parte, no hemos visto en los más altos niveles del Gobierno ninguna voluntad para realizar un trabajo conjunto o por lo menos coordinado”, afirmó el presidente de la patronal, Luis Fernando Barbery.
El presidente de la CEPB consideró que la administración de Luis Arce “mantiene una política de exclusión del sector privado” tanto en la planificación como el diseño de políticas del desarrollo, producción, combate al contrabando y generación de empleos.
Además, sigue emitiendo normas y tomando medidas que afectan al sector y dificultan su crecimiento y sostenibilidad, sin abrir los espacios suficientes para analizar, con la representación empresarial, su impacto o consistencia, y sin tomar en cuenta sus propuestas ni observaciones.
“Lamentablemente esta actitud alcanza también al Poder Legislativo, donde tampoco hemos encontrado voluntad de los parlamentarios para escuchar nuestra posición cuando se aprueban leyes regresivas y perjudiciales para el sector privado. La Asamblea, a través de sus comisiones, que debieran ser el espacio más democrático y abierto al debate y el intercambio de ideas, tampoco responde ni admite las observaciones, sugerencias y pedidos de los empresarios”, sostuvo.
Barbery indicó, asimismo, que los privados valoran el apoyo a los pequeños emprendimientos con el acceso a créditos productivos, así como los esfuerzos de la Aduana Nacional y los incentivos tributarios a la importación de bienes de capital y plantas Industriales. No obstante, estas medidas “se eclipsan” frente al aumento de la presión tributaria, laboral y salarial, el “manejo discrecional” de la autorización de exportaciones de productos agropecuarios o la inacción frente a las afectaciones a la seguridad de las empresas y a la ausencia de políticas de inversiones.
En 2023, “vamos a seguir insistiendo en la necesidad de generar espacios de coordinación, diálogo y articulación de esfuerzos con el Gobierno para enfrentar conjuntamente y de manera más eficiente los problemas del contrabando, aumento de la inversión privada, seguridad jurídica, generación de empleo y biotecnología”, sostuvo el empresario.
Sin embargo, aclaró, “el diálogo siempre necesita la voluntad de ambas partes y si el Gobierno mantiene esa actitud de exclusión del sector privado no vamos a poder avanzar”.
Fuente: El Deber