El 10 de diciembre el mundo celebró los 74 años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado boliviano ha suscrito este documento y está en la obligación de impulsar su cumplimiento en todos los ámbitos: privados, familiares, sociales, empresariales, públicos, comunitarios, educativos, sindicales, prensa, etc.
Claro que hay motivos para fortalecer esta ruta de los derechos humanos, que en el caso de Bolivia podemos jactarnos de tener una robusta legislación en cuanto a la promoción, defensa y retos de los derechos humanos. Más de 100 leyes y la propia CPE nos garantizan los derechos a la vida, justicia, libertad, educación, salud, protesta, expresión, opinión, al trabajo, a una vejez digna, etc. Además, los roles institucionales que deben ejercer todas las instancias del Estado, organizaciones sociales, ONGs, universidades, medios de comunicación, el sistema escolar y otros.
De yapa el Estado Plurinacional ha comprometido respetar una serie de tratados y convenios internacionales y lo que dictaminan las instituciones internacionales, como la OEA, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
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Pero la realidad es intensa, conflictiva, un permanente riesgo para el ejercicio de los derechos humanos, que se han ido perfilando como una especie de privilegios o cuotas de poder de determinados sectores o del partido en función de gobierno, para medir a todos con distintas varas. Es decir, unos tienen más derechos que otros, y los otros cuando lo ejercen son enjuiciados, violentados o encarcelados.
En la dialéctica de la praxis de los derechos humanos compartimos algunos hechos de una flagrancia y claridad de vulneración, que sin duda, nos debe a los gobernantes y gobernados mover a la reflexión seria y a la acción coherente y eficaz: el paro de los 36 días ha vulnerado los derechos a la salud, a la vida, al libre tránsito; el cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de sectores sociales del MAS ha atentado contra la gente; los procesos judiciales que se pretende seguir a los líderes cruceños vulneran el derecho a la protesta; las agresiones a los periodistas que se han dado de forma permanente constituyen actos cobardes y atentados a la vida y al trabajo; las declaraciones del Gral. Zúñiga que amenazó a grupos sociales con balas y tanques a nombre de la defensa de la Patria, son el libreto que usaron las dictaduras militares. Los pueblos indígenas vapuleados, manipulados, empobrecidos, enfrentados y ante la alerta que dentro de 10 años estiman que 18 pueblos indígenas se extinguirán ante la falta de atención del Estado y muchos otros casos negativos.
O los enormes hechos de corrupción que vienen quedando impunes, los cuales constituyen una afrenta directa a los derechos humanos, lo cual se demuestra en estos casos vergonzosos de los cuales la justicia es cómplice: los corruptos y ladrones se encuentran en total libertad, haciéndose la burla de los millones de bolivianos honestos y que deben sudar la gota gorda todos los días:
´ Roban 144.000 bolivianos del bono para las personas con discapacidad en Potosí. (El Deber, 7-02).
´ Tarija: puente inconcluso que costó Bs 73 millones está en riesgo de desplome. (Elpaísb.bo, 7-02=).
´ Secretaria manipuló información y cobró el bono Juancito Pinto de más de 10 estudiantes en Oruro
´ El caso de las “ambulancias fantasmas” es uno de los escándalos nacionales. La compra supuestamente irregular de 41 ambulancias por un costo que supera los 20 millones de bolivianos. (El Potosí).
´ Caso ítems fantasmas: más de Bs 400 millones a los bolsillos.
´ Diputado Céspedes pide $us 200.000 a la ex alcaldesa Sosa para agilizar su caso.
La corrupción debilita, contamina y ensucia el ejercicio de los derechos humanos y su vigencia. Se está instalando una cultura de la impunidad y de ver que todo es normal. Los políticos se corrompen y roban millones sin que nos conmueva o nos impulse a hacer un paro o una marcha de protesta.
A pocos días de concluir el 2022, un año intenso en el que los derechos humanos han estado siempre en la picota, es importante anotar las siguientes precisiones y provocaciones:
Los derechos humanos no estuvieron en cuarentena, ni están en cuarentena. No estuvieron bloqueados o cercados. No son privilegios de nadie, ni mecanismos de presión. No son un regalo del poder político. No excluyen a nadie, si no incluyen a todos. No se necesita permiso para ejercerlos y exigir su cumplimiento. No son de propiedad de ningún gobierno, caudillo, jefe o poderoso. Los DDHH no enfrentan, ni confrontan. Nos hacen más humanos y más dignos.
Y al contar Bolivia con un montón de leyes y que siempre los discursos del poder nos dicen que somos un país pacifista e igualitario, pues bien, en el Estado Plurinacional no hay excusas para la violación de los derechos humanos. Ni para la impunidad, ni para los padrinazgos, ni para las complicidades.
Los derechos humanos sirven para cada día de nuestras vidas y que esas vidas no sufran discriminación, violencia, exclusiones, postergaciones, abusos, miedos, golpes, carencias, burlas, violencia, hambre, torturas, juicios amañados, sentencias injustas.
Nos hacen más humanos, más personas, más decentes los derechos humanos.
Hernán Cabrera M. es periodista y licenciado en Filosofìa