Difícil asignar prioridad en este momento. Para el comentario comenzamos con la afirmación de Óscar Ortiz que asigna 18 millones de dólares por día como costo de la burocracia con 500 mil funcionarios del Estado, comprendidos policías, soldados, maestros, salubristas y empleados en la administración pública, sin otra competencia que su militancia en el MAS, único requisito exigido para ejercer en ministerios, direcciones, departamentos oficiales incluido los trabajadores en las fábricas del Estado, casi todas en estado de falencia, con pérdidas irreparables en los ítems de producción y servicio.
Este alto costo no es sostenible. En cuestión de pocos meses más, no quedarán recursos para cancelar salarios y entonces vendrá la debacle, otro 21060, o sea clausura de las subvenciones y cierre de las unidades improductivas… el Estado no podrá buscar recursos en el exterior porque Bolivia no califica para seguir prestándose a plazos largos e intereses altos. Los salarios se engullirán los recursos oficiales y no existirá forma de subsistir en esas condiciones, salvo que se apele a la inflación, la debacle, el fin del Estado.
La promulgación ha demorado 4 días en el escritorio del Jefe del Estado e hizo entonces lo inevitable su promulgación como Ley de la Nación para ser ejecutada de inmediato, acelerando las áreas del Censo como una de las supremas tareas de la colectividad, saber cuántos somos, dónde habitamos, por tanto, dónde nos desarrollamos. Esto pudo haberse evitado, el angustioso paro de 36 días, la agresividad contra la población cruceña, los muertos, heridos, detenidos y perjuicios sin cuenta para la región más poblada de Bolivia. En resumen, con un ápice de comprensión, patriotismo, sentido de responsabilidad, bien pudo evitarse tanto daño. El temor de represalias masistas contra los líderes del movimiento cívico del Oriente no tardarán en manifestarse, de modo que el malestar se extenderá sin límite de tiempo, sin el freno de la fraternidad y la unión boliviana.
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El último tema, motivo de honda decepción para todos los bolivianos, la derrota de nuestra causa en la Corte de Justicia que acaba de negarle a Bolivia el derecho a cobrar por el mal uso de las aguas del Silala, manantial que hace en territorio boliviano y que alimenta del riego y otros servicios a gran parte de la población del norte chileno. Una inadecuada actuación de la Administración de Morales y de Arce han dado por resultado esto. Un gasto que no revelará por mucho tiempo, lo mantendrán en secreto los esbirros del Régimen que administra el Estado, aunque no por ello será por siempre olvidado. El día llegará de rendir cuentas a los ciudadanos.
Mauricio Aira