Manifestaron que la sociedad tiene el derecho a elaborar políticas educativas.
-
Los representantes de la iglesia evangélica, en rueda de prensa.
Fuente: paginasiete.bo
Representantes de la Iglesia Evangélica de Bolivia presentaron una acción popular contra el Ministerio de Educación con el objetivo de suprimir la malla curricular. De acuerdo con el abogado Ramiro Carrillo, la acción legal fue iniciada por incentivar la ideología de género y “sesgar” la historia de Bolivia.
“¿Qué cuestionamos? Esencialmente que promueve la ideología de género. Desde segundo de primaria los niños tendrán el conocimiento de lo que establece la ideología de género. Así, en nuestra sociedad veremos a niños disfrazados de gays, lesbianas, etc, sin que haya la posibilidad de llamarles la atención”, indicó Carrillo en contacto con la prensa.
Manifestó su preocupación por la forma en la que la nueva malla estudiantil “sesga” la historia de Bolivia.
“En materia de ciencias sociales, sesga la historia de Bolivia. Para la malla curricular existe desde la época de la colonia hasta 1825. Toma como materia la Revolución del 52 de Víctor Paz Estenssoro, la Elección de 1956 y pasa al Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, desde 1825 hasta 2019 para la malla curricular no ha existido Bolivia. Existe simplemente las naciones y pueblos indígenas”, acotó.
Expresó además que la sociedad civil tiene tuición de elaborar políticas educativas, y que ese derecho está amparado en la Constitución Política de Estado y en la Ley 070 de Educación “Elizardo Pérez – Avelino Siñani”.
“La acción popular tiene su fundamento en suprimir la malla curricular que el Ministerio de Educación está poniendo en vigencia para esta gestión. La CPE y el artículo 1 de la Ley 070 dice que la sociedad tiene la tuición para elaborar políticas educativas”, indicó el jurista.
Esta actualización de la malla curricular se realiza después de 12 años. La versión actual se puso en marcha después de la promulgación de la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez en 2010. La misma entrará en vigencia para escuelas fiscales y de convenio a partir del inicio de la gestión escolar 2023, es decir, desde el 1 de febrero.