En este período Santa Cruz cumplió el paro cívico más largo de su historia, con un saldo de muertos, heridos y detenidos. El Gobierno perdió confianza y tuvo que aceptar una ley en lugar de un decreto.
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El paro indefinido en Santa Cruz, por el censo en 2023.
Fuente: paginasiete.bo
“Para que no se derrame la sangre del pueblo, promulgamos esta Ley del Censo escuchando al pueblo (…) El censo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024, porque es con todos ustedes con quienes me comprometí a mantenerme firme en lo que técnicamente es correcto”, anunció el presidente Luis Arce Catacora la mañana del viernes 2 de diciembre, al poner en vigencia la Ley 1492, de “aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral”.
De esta manera cerró una pulseta que tuvo al país en vilo durante 4 meses y 20 días, en los que Santa Cruz protagonizó el paro cívico más largo de su historia (36 días) sin haber conseguido que el empadronamiento se realice el próximo año, aunque sí que se apruebe una ley que, además de fijar la fecha, disponga que sus resultados sean aplicados ese mismo año para una redistribución económica y, lo más conflictivo, que se apliquen también para la redistribución de escaños en las próximas elecciones nacionales.
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Arce admitió que tuvo que hacerlo para evitar mayor derramamiento de sangre (el paro cruceño dejó tres muertos) y más pérdidas económicas (se calcula que fueron de al menos $us 1.200 millones), aunque además de ello el conflicto reabrió las heridas en el relacionamiento de Santa Cruz con el Gobierno central.
El 13 de noviembre, un cabildo (el más concurrido del que se tenga referencia) aprobó que se revise la relación política de ese departamento con el Estado. En todo caso, la historia comenzó un año antes. El 21 de julio de 2021 el Gobierno dictó el decreto supremo 4546, que declaró prioridad nacional al Censo de Población y Vivienda y dispuso que se realice el 16 de noviembre de 2022. “Nuestro Gobierno, como comprometió, garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre 2022”, anunció el presidente Arce en su cuenta en Twitter.
Cinco meses antes de que llegue la fecha del empadronamiento, el 7 de junio, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Mario Arandia, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que se encontraba delicado de salud y que renunciaría debido a ello, aunque antes aseguró que el censo estaba plenamente garantizado, porque ya había comenzado la actualización cartográfica, los recursos estaban garantizados y la boleta se encontraba “literalmente cumplida”.
“Dar la garantía plena a la población, y demostrar nuestro compromiso que el censo no corre ningún riesgo”, anunció. Dos semanas después, el 23 de junio, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, ratificó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que todo estaba garantizado para el 16 de noviembre.
“En el tema de la boleta censal, se tiene un avance prácticamente del 98% y se espera que en los siguientes días también se pueda terminar”, explicó en parte de su intervención.
Pero 19 días después, el 12 de julio, todo cambió por completo. El censo que según las principales autoridades del área no corría ningún peligro, fue postergado de un solo golpe por dos años, para mayo o junio de 2024.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Autonomías con presencia mayoritaria de autoridades oficialistas. Un día después se plasmó en el decreto 4760, en el que se fundamenta que la postergación tiene que ver con “factores como la Covid-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesinos, las condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra”.
De ahí en adelante comenzó la pulseta, que tuvo su primer pico el 22 de octubre, cuando comenzó el paro cívico indefinido después de un plazo de 21 días en los que no se hicieron esfuerzos para evitar la medida de presión. Luego, el Gobierno intentó neutralizarlo con el despliegue de grupos de choque que en algunos casos actuaban lado a lado con la Policía, pero al ver que la acción no tenía el efecto esperado los sectores sociales oficialistas decidieron responder con un cerco, que sólo empeoró las cosas.
La tensión transcurrió esos días en medio de una reunión de concertación política en Cochabamba y otra técnica en Trinidad, donde finalmente la representación de Santa Cruz, junto con otras delegaciones, dejó el encuentro y denunció antes que el Gobierno sólo hacía una puesta en escena para ratificar la fecha del censo para 2024.
Entonces la situación se tornó cada vez más compleja en los puntos de bloqueo, que comenzaron a convertirse en trancas de recaudación, y el expresidente Jorge Quiroga lanzó la idea de que se apruebe una ley para garantizar la fecha del censo, pero además la redistribución de recursos y de escaños. Ya no se confiaba en sólo un decreto.
Al final ésa fue la fórmula que permitió ver la luz al final del túnel. La diputada Deysi Choque, del MAS, fue quien presentó el proyecto de ley que al final fue aprobado en acuerdo entre opositores y el bloque de “renovadores” del oficialismo, algo que no había ocurrido por años. Arce promulgó la ley el 2 de diciembre; volvió la normalidad a Santa Cruz (aunque no la tranquilidad) y el MAS quedó fracturado en la Asamblea Legislativa.
Fuente: paginasiete.bo