Mientras Murillo cumpla condena en EEUU, avanzarán 4 procesos en Bolivia

Al menos cuatro procesos penales contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo están abiertos en Bolivia y avanzarán mientras la exautoridad del gobierno de Jeanine Añez cumpla su condena de cinco años y 10 meses en Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero y soborno.

Las demandas interpuestas en el país son al menos cuatro que están en proceso. Una de ellas es sobre la compra de gases lacrimógenos mediante la recepción de sobornos millonarios en favor de una empresa. Es por este caso que Murillo fue sentenciado en Estados Unidos.

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Otro de los procesos está relacionado con las muertes de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). En diciembre de 2022, el Gobierno se querelló contra la expresidenta Añez y todo su gabinete ministerial por el delito de genocidio, entre otros. En este proceso también está Murillo como sindicado. El Ministerio Público aceptó la demanda para investigar por la vía ordinaria a todos los acusados.

“En esa ampliación de la denuncia está incluido el ‘decreto de la muerte’ y con ello las personas que fungían en el Gabinete de la señora Añez. Por eso, además de los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, hemos incorporado resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, porque ese decreto te da para ello”, argumentó el viceministro de Justicia, César Siles, aquella vez.

Finalmente, hay otros dos procesos, uno por la compra de alimentos para una tropa militar y el otro por la compra de ropa, equipamiento y otros implementos también para militares.

El abogado Eusebio Vera explicó que, si bien Murillo debe cumplir una sentencia en Estados Unidos, los delitos por corrupción por los cuales el exministro fue denunciado en Bolivia pueden seguir su curso.

“No se suspenden ni paralizan, los delitos por hechos de corrupción se pueden continuar con el proceso en rebeldía, es decir, en ausencia del denunciado. Esto tiene su base en las leyes 586, 004 y 1173”, explicó el jurista a Página Siete.

Puso como ejemplo el caso denominado golpe II, la justicia boliviana resolvió detención preventiva para tres exjefes militares, entre ellos, William Kaliman, que no se encuentran en el país. Los abogados de los procesos presentaron la apelación a la decisión judicial y el proceso sigue en rebeldía, aunque los tres acusados estén fuera del territorio nacional.

La condena en EEUU

Una corte de Estados Unidos emitió la semana pasada la sentencia condenatoria de 70 meses de presidio (cinco años y 10 meses) para el exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de comprar de forma irregular de gases lacrimógenos.

Murillo, de 59 años, fue aprehendido en mayo de 2021 y el 20 de octubre de 2022 se declaró culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, junto con sus cómplices: Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.

El documento oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que Murillo fue sentenciado “por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno boliviano”.

El jurista Vera explicó que las leyes de Estados Unidos permiten que un sentenciado pueda aminorar su pena con buena conducta o luego de aportar de alguna manera en la investigación. “Podría salir antes de los cinco años y 10 meses si cumple con algunos requisitos”, refirió.

Según la denuncia en Estados Unidos, el exministro Murillo recibió al menos 532 mil dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019 para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia.

Los cómplices de Murillo, Méndez, Luis y Bryan Berkman, y Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.

¿Extradición o deportación?

“No se descarta que, al concluir su pena, Arturo Murillo sea deportado”, informó el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, tras conocer el fallo.

Adelantó que el Estado pedirá información sobre la situación jurídica que Murillo tendrá al cumplir la pena. La exautoridad cumplirá la sentencia en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.

Vera explicó que, independientemente de cumplir la condena que tiene, se debe conocer la situación migratoria de Murillo. Si ésta es ilegal, Estados Unidos lo puede deportar sin más trámites.

“Un Estado expulsa a una persona simplemente por declararla no grata en su país (puede ser por factores de seguridad o políticos inclusive) o porque no ha sido legal su ingreso”, explicó el jurista.

En cambio, la extradición es un proceso más largo. Se aplica cuando hay un acuerdo (tratado) entre países, donde uno (Estado requirente) pide a otro país (Estado requerido) que envíe a una persona que es procesada o sentenciada.

En el caso de Murillo, hay la posibilidad de que en cualquier proceso que se le sigue en Bolivia llegue a juicio y posteriormente a un fallo que dicte sentencia. Si esto ocurre cuando el exministro aún esté en Estados Unidos, el Estado boliviano puede pedir su extradición una vez que cumpla su pena para que sea enviado al país con el fin de que cumpla su sentencia en territorio boliviano.

En meses pasados, el exministro Murillo se declaró culpable de haber participado en el lavado de dinero recibido a cambio de ayudar a una empresa a obtener un contrato.

Antes de declararse culpable, en mayo de 2022 Murillo emitió una carta pública. “Acepto una extradición al país (Bolivia) si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la expresidenta Añez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros”.