En los últimos días, el caso del dirigente cocalero del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Cesar Apaza, se ha convertido en un paradigma de las violaciones a los derechos humanos que sufren los presos bolivianos en las cárceles del país por parte de autoridades de Gobierno, Ministerio Público y Órgano Judicial que operan en connivencia y autoprotección en todo tipo de transgresiones cometidas.
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Apaza se encuentra en un hospital de La Paz, tras sufrir un accidente cerebrovascular a causa de la falta de atención en la “cárcel de máxima seguridad” de Chonchocoro; además, lo tienen encadenado en su cama del servicio de urgencias, con un gran contingente de agentes del Ministerio de Gobierno que controla y registra a familiares, abogados y cuanta gente se acerque a conocer sobre su delicado estado de salud.
En la madrugada del 22 de septiembre de 2022, un grupo de encapuchados secuestró a Apaza a golpes. Su defensa denunció que se lo hizo sin previa notificación y con uso exceso uso de violencia, quedando afectada una de sus muñecas y con varios hematomas en el cuerpo. La justicia servil al Ministerio de Gobierno determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro, luego fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, acusado de que estaba organizando las marchas cocaleras en rechazo al mercado ilegal de la coca. Es decir, fue injustamente detenido por defender la ley.
Una persona que está privada de libertad, que está con detención preventiva, como es el caso de Apaza, no está privada de sus otros derechos; no está privada del derecho a la salud, del derecho a la intimidad, a la privacidad y con ello, lógicamente, al derecho a la vida y a la dignidad humana.
Ante tanto abuso es que, como senadora del primer Órgano del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional he interpuesto, en coordinación con la familia de Apaza, una solicitud de medidas cautelares (MC) y protectivas para el torturado dirigente cocalero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Habiendo tomado conocimiento de lo que está sucediendo en las cárceles del país, no solamente con Apaza, también con los más de 180 presos políticos, organismos internacionales, autoridades y representantes internacionales de defensa de los derechos humanos ya han exigido que los ministerios de Gobierno y de Justicia, lógicamente el Estado boliviano, se hagan cargo y asuman responsabilidades por la vigencia de los derechos humanos e integridad física y emocional de las personas que están bajo su custodia, de los presos políticos, los presos preventivos y los presos sentenciados recluidos en condiciones inhumanas en los recintos carcelarios administrados por el Régimen Penitenciario.
Es así que, ante tanta injusticia, el pasado sábado 25 de enero, los abogados de la defensa de Apaza han logrado un fallo histórico en el afán de precautelar y preservar la vida del dirigente cocalero. Es tanto el odio de las autoridades de gobierno y desinterés por la vida que, sin considerar el delicado estado de salud del cocalero, con medio cuerpo paralizado y sin habla, además de los grilletes que lo retienen en su cama, insisten que debe ser recluido nuevamente en Chonchocoro. Recordemos que a la expresidenta Añez y actualmente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, les han impedido ser atendidos en centros hospitalarios, lo mismo ocurre con exministros y jefes militares detenidos preventivamente por la falsa sindicación de golpe de Estado, cuando en realidad hubo protestas ciudadanas como reacción al fraude electoral cometido por el expresidente Evo Morales.
Frente a un contingente de fiscales del Ministerio Público y abogados del Ministerio de Gobierno, los abogados de Apaza y organizaciones defensoras de los derechos humanos han conseguido que Apaza no puede ser retirado del centro médico en el que se encuentra hospitalizado, entretanto, una junta médica no determine su alta médica. Además, debe ser internado en una sala de atención médica y ya no estar en una camilla de emergencias, donde ha estado por más de 10 días con grilletes. No podrá ser ya llevado a Chonchocoro por Régimen Penitenciario, no podrá ser sacado por la fuerza del Hospital de Clínicas hasta que una junta médica -homologada por el Colegio Médico de Bolivia- determine el tratamiento y cuidados que permitan recuperar la salud y hacer prevalecer la vida de César Apaza. Es importante señalar que hasta el día de hoy el Ministerio de Gobierno y autoridades del Régimen Penitenciario no han permitido que Apaza tenga un diagnóstico preciso sobre las causas de su accidente cerebro vascular, suponemos que es para que no quede un registro de valoración del grave estado de salud en el que se encuentra y con el objetivo de reingresarlo al penal de manera temeraria e irresponsable.
El fallo, que debió dictarse ni bien Apaza fue llevado de emergencia a un centro de salud, gracias a la oportuna intervención de los médicos del gobernador Camacho en Chonchocoro, es una tutela que el juez no ha podido eludir y que comienza a dejar evidencias y desenmascarar la insensibilidad y falta de respeto a la vida de las autoridades penitenciarias que administran la Justicia en Bolivia.
Es oportuno recordar que hace un año, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, falleció por un coma diabético, consecuencia de las torturas y tratos inhumanos que sufrió por parte de Régimen Penitenciario y del Ministerio Público por 7 años consecutivos, como detenido preventivo por denunciar desfalcos millonarios por parte de los allegados a Evo Morales en el FONDIOC. Su defensa y la APDHB denunciaron tortura sistemática en contra de este ciudadano y desde el Parlamento hicimos las denuncias respectivas ante los organismos internacionales defensoras de los derechos humanos.
Recordemos que Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, detenido preventivo en casi todas las cárceles del país, murió a causa de habérsele negado, de manera reiterada, la asistencia médica que el detenido requería.
El fallo del pasado sábado del Juzgado 15° en lo Penal no fue completo porque a mucha insistencia, el juez admitió a medias la tutela solicitada a través de una Acción de Libertad en favor Apaza, buscando esconder y ocultar los actos inhumanos que se dan en el sistema carcelario boliviano y librar de responsabilidad a las autoridades responsables de las omisiones y abusos cometidos.
El juez, constituido como juez de Tribunal de Garantías Constitucionales, a toda costa ha buscado encubrir y disminuir la responsabilidad que tienen autoridades de gobierno, policías y autoridades de Régimen Penitenciario y de la Fiscalía; pero sabemos y entendemos que este sistema de justicia cooptado no va a generar las responsabilidades que corresponden por las torturas y abusos que se han cometido en contra de Apaza, Aramayo y miles de ciudadanos; no va a permitir que los responsables de las violaciones a los derechos humanos sean sometidos a una investigación remitiendo, como debería ser, todos los antecedentes del caso al Ministerio Público para que sean indagados.
En todo caso, de momento, se ha logrado lo más importante, proteger y preservar la vida de Apaza, quien al igual que Aramayo, se han convertido en el paradigma de los abusos y quebrantamiento de los derechos humanos de miles de bolivianos.
Centa Rek es Senadora por Santa Cruz