En abril del 2015, Evo Morales y su ministro de Defensa, Reymi Ferreira, viajaron a Europa y suscribieron un convenio con el Gobierno de Francia para la compra de 16 radares, pero en noviembre del mismo año dichas autoridades rubricaron el contrato para la adquisición de 13 radares, siete de uso militar y seis de uso civil, con la empresa francesa Thales Air Systems por el monto de $us. 216 millones, aproximadamente; el contrato establecía el equipamiento, capacitación e implementación en 31 meses, es decir, debieron estar implementados y luchando contra el narcotráfico, desde marzo del 2019.
Al efecto, Morales dijo públicamente que el mejor acuerdo en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando es la transferencia de radares a Bolivia y que también servirán para proteger nuestros parques nacionales de la siembra ilegal de la hoja de coca, por su parte, Ferreira ratificó esta afirmación y Rubén Lazo, vicepresidente de la empresa francesa, indicó que los radares permitirán cubrir casi el 100% del territorio nacional.
Pasaron seis años, desde la compra de los radares, y hasta la fecha se desconoce su funcionamiento y tampoco se sabe dónde está; el reporte reciente es que, en enero de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, visitó el Comando de Seguridad de Defensa Aérea (COSDEA), en Cochabamba, y que el proyecto tenía un avance del 84%, por su parte, el presidente Luis Arce dijo que se tenía un progreso físico del 87.3% y financiero del 78.5%, lo único cierto es la incertidumbre de los radares y las narcoavionetas caen por sobre peso.
Durante el año 2022, solicité Peticiones de Informe Escrito (PIE) y Oral al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que en la Asamblea Legislativa explique los extremos del porqué los radares no funcionan y no controlan los narcos vuelos; hasta hoy, lamentablemente, dicha autoridad rehuyó presentarse y reprogramó su informe en cuatro oportunidades hasta diciembre de la pasada gestión y nunca vino. En enero del presente año, volví a convocar y pidió, a la Presidencia del Senado, venir en abril. El pueblo boliviano quiere saber qué pasó con los 13 radares, de lo contrario podremos inferir que implícitamente se está encubriendo las actividades ilícitas y no hay la intención de realizar la lucha frontal contra el narcotráfico que afectan a nuestra sociedad y la economía.
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Informes de los medios de comunicación reflejan y suman estadísticas diariamente que el narcotráfico se campea en el país, qué sicarios eliminan personas por ajuste de cuentas, que existen alrededor de 300 pistas clandestinas, por no decir muchas más, de donde salen y llegan avionetas con cocaína; se descubren a diario laboratorios y megalabotarios de drogas, pero no se detiene a ningún pez gordo, avionetas que caen en países vecinos con droga boliviana y con destinos favoritos como: Paraguay y Chile. Solo en 14 días, de enero del 2023, se incautaron 851 kilogramos de estupefacientes valuados en $us. 8.5 millones, avionetas que también caen en nuestro territorio por sobrepeso de cargamento de droga y no precisamente por control aéreo, van y vienen acusaciones mutuas de encubrimiento al tráfico de drogas entre los exministros de Morales y el Ministro de Gobierno actual, en consecuencia, es urgente la implementación de los radares. Lo curioso es que todo el mundo sabe por medios de comunicación del crecimiento del narcotráfico y las acusaciones de encubrimiento entre masistas, a vista y paciencia del Fiscal General del Estado, encima el ministro Del Castillo alega que su gestión se destaca por la lucha contra el narcotráfico. ¿Alguien le cree?
Por otra parte, según la Cámara Nacional de Comercio el contrabando mueve $us.3.600 millones que representa el 9% del PIB del país, situación que afecta gravemente a la economía, internaciones ilegales de bienes que no pagan impuestos ni generan empleo digno para los bolivianos, que van desde la ropa usada, pasando por artefactos electrónicos de la línea blanca, negra, hasta autos chutos que se internan y venden libremente en diferentes municipios de nuestro territorio donde ni la policía ni el ejército pueden ingresar; es más, incluso reportes periodísticos de ciudadanos chilenos muestran que autos robados se encontrarían en poder de altos funcionarios policiales, lo que demuestra una vez más que los radares son necesarios.
Ni qué decir del cultivo ilegal de la coca en nuestro parques nacionales y áreas protegidas, el Informe del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia correspondiente a la gestión 2021 realizado por la UNODC, alertó que la producción de la hoja se incrementó en cuatro de las seis áreas protegidas, desde años atrás hay cultivos ilegales. El mayor incremento de cultivos de la coca se registró en el parque Nacional Cotapata, que es parte de la región de los Yungas, con un índice del 42% en relación al 2020, luego se encuentra el Parque Nacional Carrasco del Chapare cochabambino con el 17%, después en el área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, al norte de La Paz, hubo un aumento del 17% y, finalmente, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que es parte de La Paz, reportó un aumento del 10% de cultivo ilegal de coca.
Finalmente, como Senador envié una nota al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para que ejerza autoridad y haga las gestiones necesarias ante el Órgano Ejecutivo para que los ministros no se hagan la burla del Órgano Legislativo y vengan a informar sobre temas de interés nacional, ya que casi nunca lo hacen, lo cual limita nuestro rol de fiscalización; exigimos que las autoridades de los ministerios de Defensa y Gobierno asuman acciones urgentes para implementar el funcionamiento de los radares, lo contrario implicará que no tienen la voluntad política de luchar contra las actividades ilícitas mencionadas o que obedecen órdenes del ejecutivo de las Seis Federaciones Productoras de la Hoja de Coca del Chapare y, a la vez, presidente del MAS para encubrir estas actividades, no lo sabemos.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza
Senador por Santa Cruz