Al menos 4 procesos contra Bofinvest, un fiscal destituido y audiencias sin víctimas

En el Ministerio Público hay al menos cuatro procesos en contra de Bofinvest, la empresa que estafó a centenares de personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se observó que hay un fiscal destituido, audiencias sin la presencia de los denunciantes y un traslado del cuaderno de investigaciones.

“Sabemos que hay unos cuatro procesos. Por lo menos en dos se denunciaron irregularidades, por eso muchos no nos animamos a denunciar y abrir un caso. Además, se nos amenazó con que si denunciamos no nos devolverán nuestro dinero”, señaló una de las víctimas.

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Desde 2005, Bofinvest ofrecía realizar y administrar inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos para usuarios individuales e institucionales de Bolivia. Prometía obtener grandes réditos por medio de inversiones en el extranjero. Pero en 2020 dejó de reportar a sus inversionistas y su representante, Arturo Ledezma Barros, se fue del país dejando a más de 280 personas estafadas por más de 32 millones de dólares.

El gravamen y los afectados

Uno de los primeros procesos por la estafa de Bofinvest data de septiembre de 2020. Fue activado en Santa Cruz por Ángel B. en contra de Arturo Ledezma. Los delitos son estafa y sociedades y asociaciones ficticias. El cuaderno de investigaciones señala que el caso fue designado al fiscal Carlos Gutiérrez.

En este proceso penal, de acuerdo con las víctimas, se logró el gravamen de un bien que estaba a nombre de Ledezma, en Santa Cruz. Los abogados defensores, Sergio Lazcano y José Viera, explicaron que fue Gutiérrez quien realizó la anotación de bienes, pero que a pocas semanas retiró el gravamen, sin notificar a las víctimas.

Al momento de anotar preventivamente un bien inmueble, es facultad del fiscal elevar la medida al juez. Pero no pasa lo mismo si se desea levantar el gravamen. En este caso solo un juez o jueza tiene la facultad para hacerlo.

Para realizar este proceso debe existir una notificación a las partes afectadas, para que las víctimas hagan su representación antes que el juez determine la situación del bien inmueble.

Pese a ello, según las víctimas, el fiscal coaccionó el levantamiento de la anotación preventiva sin notificar a ninguna de las víctimas. Para hacer efectiva la liberación, aceptó un documento privado de transferencia. Presuntamente era antiguo, pero recién se hizo efectivo tras la anotación.

Audiencia sin los querellantes

El anterior no es el único caso en el que se realizaron acciones sin notificar a las víctimas. En un segundo proceso -al que Página Siete tuvo acceso- iniciado en La Paz por Carola A. y Martín M. en contra de Ledezma y sus socios, se instaló una audiencia para el traslado del caso a Santa Cruz sin los denunciantes.

El fiscal a cargo era Carmelo Laura Yujra. Dicha autoridad formó parte de la comisión especial del caso Golpe I y debía tomar la declaración de Luis Fernando Camacho en julio de 2022. Suspendió la acción porque, según dijo, recibió amenazas contra su vida.

En septiembre de ese mismo año, tras la violenta aprehensión del dirigente cocalero César Apaza, fue observado por no reportar las lesiones que tenía por el maltrato. En este mismo caso se evidenció que la orden de aprehensión de Apaza era una copia de la resolución usada para aprehender al líder de Adepcoca, Freddy Machicado.

Ambos documentos, en los que solo cambia el nombre, fueron firmados por Laura.

En el proceso contra Bofinvest, el 21 de julio de 2022, Laura permitió la instalación de una “audiencia de consideración de excepción por incompetencia” sin la presencia de las dos víctimas, cuya estafa ocurrió en La Paz. La acción fue activada por A.P., uno de los imputados como cómplice de Ledezma, pero que a la vez se declaró víctima en un tercer proceso abierto contra el representante de Bofinvest.

La audiencia fue solicitada por Gualberto P. para trasladar la investigación del caso a Santa Cruz. De acuerdo a las transcripciones de la audiencia, Laura Yujra en ningún momento observó la ausencia de los afectados.

No fue hasta que el juez emitía la resolución para el traslado del cuaderno de investigación, que la abogada de una de las víctimas ingresó a la audiencia. Ante el juez denunció lo ocurrido y presentó una apelación.

“Que conste en actas que jamás nos han comunicado de esta excepción sobre la que acaba de emitirse una resolución. Se nos coartó todo derecho a la defensa”, sostuvo la abogada América Ríos.

Solo después de esta intervención, Laura se sumó a la apelación. Sin embargo, pese a esto, se ratificó el traslado del expediente.

Al enterarse de lo ocurrido, la segunda víctima de este caso, Martín M., presentó un amparo. Pero mientras se esperaba el fallo, Gualberto P. insistió en el traslado del cuaderno de investigaciones hasta conseguirlo.

Martín M. ganó el amparo. Este mandaba anular todo lo hecho desde la audiencia observada. No sirvió de mucho, ya que el cuaderno de investigaciones ya había sido enviado a Santa Cruz. Allí el proceso continuó y se determinó rechazar la denuncia en contra de Gualberto P.

El fiscal destituido

Una de las excusas para el traslado del caso hasta la capital oriental es que Carola A. tenía una dirección en Santa Cruz, aunque lo cierto es que el hecho ocurrió en La Paz. No es la víctima directa, la persona estafada fue su madre, quien falleció hace algunos años sin recuperar ni un centavo de lo invertido.

El contrato de la madre de Carola A. con Bofinvest data de 2006. Por años vio su dinero crecer en el papel, pero cuando quiso retirarlo no recibió ninguna respuesta.

De acuerdo a la documentación de este caso, por lo ocurrido, se envió varios memoriales al fiscal departamental William Alave, para hacerle conocer las presuntas irregularidades. Entre ellas no solo estaba la audiencia sin la presencia de las víctimas, sino unos certificados médicos -posiblemente falsos- que fueron usados por el imputado Gualberto P. para faltar a las audiencias.

En dos ocasiones Alave solicitó a Laura un informe de este caso en plazos de 48 y 24 horas. Sin embargo, estos tardaban semanas en llegar.

La última respuesta que se obtuvo de Alave data del 11 de enero de 2023. En ésta se indica que Laura ya no presta servicio como fiscal de materia.

En este caso, el cuaderno de investigaciones continúa en Santa Cruz.

Si bien Gualberto P. es imputado en uno de los casos, también es denunciante en otro en contra de Ledezma. Logró gravar algunos de sus bienes a cuenta de una deuda millonaria que Bofinvest tendría con él.

Así logró hacerse de los bienes que otras víctimas también intentaron tener para recuperar lo perdido.

Este bien tiene dos secuestros del Ministerio Público y una lista de acreedores. Sin embargo, el viernes pasado, el juez Público Civil y Comercial 11° de la Capital ordenó el desapoderamiento de Arturo Ledezma, su esposa Claudia Ugarte y otras personas, para ser entregado desocupado a Gualberto P.

Aparecen más víctimas

Después de la publicación de la estafa millonaria, nuevas víctimas van apareciendo. La mayoría afirma pertenecer a un grupo numeroso de afectados, ya que llegaban a la empresa por recomendación de su entorno.

Desde grandes empresarios hasta pequeños ahorristas que vendían sus terrenos para invertir montos fuertes confiesan haber sido embaucados.

“En mi caso estamos afectados mis hermanos, amigos y compañeros de trabajo. Queremos hacer un grupo para poder presentar una denuncia y tratar de recuperar algo”, relató una de las víctimas contactadas.

“En mi caso contacté a Bofinvest por mis compañeros de trabajo. Parecía confiable y cuando tienes algo así lo recomiendas, al final todo tu círculo acaba en el lío”, manifestó otra de las personas afectadas.

Un cuarto proceso contra Bofinvest, iniciado en La Paz en agosto de 2020, corrobora esta situación. Según un edicto publicado, el querellante Eduardo A. era solo la punta de un grupo de 11 personas que luego se constituyeron como denunciantes. Eran familiares y amigos entre sí. En este caso, Laura Yujra también fue fiscal.

El monto total del daño, solo en este proceso, es de 4,4 millones de dólares. En este caso, a cambio de los recursos no entregados se firmaron documentos privados por deudas.

No es la primera vez que una operación como ésta tiene lugar en el país. En 1991 estalló el caso Finsa y otros como Multiactiva, Orcobol y Rogher, que estafaron millones de dólares con esquemas parecidos.

En las redes sociales, ante la desesperación de una justicia que no avanza, se empezaron a mover mensajes que ofrecen recompensas para quien dé datos certeros sobre el paradero de Ledezma y su esposa.

Se sabe que en agosto del año 2020, toda su familia salió del país con rumbo a Estados Unidos, país donde tenía cuentas bancarias a las que transfería todo el dinero que recibía de sus víctimas. Realizaba giros y declaraba que eran préstamos destinados a comprar bienes inmuebles.

“Lo único que queremos es agarrarlo para que pague todo lo que debe y sea sancionado por la justicia”, indicó otra víctima.