El principal denunciante afirma que fue expulsado de su comunidad, porque el alcalde Mario Cáceres difundió una versión falsa sobre la paralización de trabajos en ese municipio. Se trata de una obra de Bs 4,8 MM y fue adjudicada al hermano de un diputado del MAS.
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Parte de las obras observadas por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la UPRE.
Fuente: paginasiete.bo
Comunarios del municipio de Luribay, en La Paz, denunciaron al alcalde de esa localidad, Mario Cáceres Calle (MAS), por una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y construcción de 12 aulas escolares, obra que fue financiada por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en la gestión del presidente Luis Arce, por un valor de 4,8 millones de bolivianos.
Hace una semana se informó de un primer caso, sobre el robo de 14 proyectos en la UPRE, hecho cometido durante la presidencia de Evo Morales y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en 2019. Se trata de la presunta adjudicación fraudulenta de contratos para la construcción de escuelas en la zona Sud de Cochabamba, y se estima que el daño económico es de 57 millones de bolivianos.
Luribay
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“El 6 de junio de 2022, el Gobierno Municipal de Luribay y los funcionarios de la UPRE firmaron un pre acuerdo para la construcción de 12 aulas en la Unidad Educativa San Juan de Porvenir. Dos días después, la empresa Consultora y Constructora El Greco llega con trabajadores y material para comenzar la edificación”, relató el denunciante, comunario de Luribay, Valerio Cáseres Canaza, en entrevista con Página Siete.
“El 18 de junio (de 2022) se hace un acto, colocan la piedra fundamental. Sin embargo, debido a una serie de irregularidades que los vecinos notamos con este proyecto, revisamos los documentos y nos sorprendemos al ver que la adjudicación del contrato a esa empresa se firmó el 20 de julio, casi 45 días después de que la empresa del hermano de un diputado del MAS iniciara con la construcción”, afirmó Cáseres Canaza.
Explicó que, además, el municipio de Luribay y la UPRE no cumplieron una serie de procedimientos para transparentar el proceso de adjudicación y cuando la obra ya se había iniciado no se tenía contratados un supervisor y fiscal de obras. Esto se realizó después de que surgieron las primeras quejas de los pobladores.
Página Siete llamó varias veces al celular del alcalde de Luribay, Cáceres Calle, pero no respondió. De la misma forma, se buscó la contraparte de los responsables de la UPRE, en La Paz. Funcionarios del área jurídica, que pidieron que no se cite sus nombres, señalaron que no contaban con la autorización para dar declaraciones sobre el tema.
Otro elemento que causó sospechas y preocupación fue que el representante legal de la constructora beneficiada es Gregorio R. Angulo Huampu, “hermano de un diputado del MAS”, aseguró Cáseres Canaza.
Con una serie de pruebas acumuladas y ante la negativa del alcalde de Luribay a dar una explicación, Cáseres Canaza presentó una denuncia ante la Fiscalía el 2 de septiembre de 2022 por los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles, teniendo como víctima al municipio de Luribay.
Meses después, luego de que se avanzara en la investigación, la Fiscalía de El Alto determinó rechazar el caso. Ante esto, Cáseres Canaza presentó otra denuncia ante la viceministra de Transparencia, Julia Ríos, quien el 26 de enero de este año presentó un memorial, impugnando el rechazo y con el pedido de reabrir el caso.
El tema ahora está en manos del fiscal departamental William Alave y debe ser definido en los siguientes días.
Cáseres Canaza denunció que luego de presentar la denuncia ante la Fiscalía, fue expulsado de su comunidad y hay un permanente acoso hacia sus familiares, debido a que el alcalde de Luribay, aseguró, ante una reunión de organizaciones originarias, que el proceso afectó a todo el municipio y que se quedó sin financiamiento para su gestión, algo que el denunciante rechaza completamente. Ante este hecho, Cáseres Canaza ahora vive en otra población.