En entrevista con EL DEBER Radio, el representante del gremio paceño se refirió a esta propuesta de norma y a la reunión que mantuvieron con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo nacional
Fuente: El Deber
“No es que nos queremos defender a nosotros (mismos); le permitimos al ciudadano estar informado (…) esa suma de visiones que ofrecemos los medios ojalá pueda, al ciudadano, darle una idea de la realidad relativamente completa, relativamente adecuada», explicó Raúl Peñaranda, presidente de Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), con respecto a la protesta del gremio en contra del proyecto de ley 305.
Sostuvo que «si los periodistas no pueden, no tenemos esa capacidad, entonces el ciudadano está desinformado y toda la sociedad se empobrece y empezamos a buscar información, que no siempre es confirmada, y, al final, todos terminamos en riesgo de que el autoritarismo, más bien, aumente y prevalezca”, precisó.
En entrevista con EL DEBER Radio, Peñaranda señaló que el valor del trabajo de los periodistas reside en que el ciudadano esté informado “para tomar decisiones en su vida cotidiana; qué votar, qué opinar, cómo hacer, qué respaldar o qué no respaldar”.
“En el fondo estamos defendiendo la posibilidad del ciudadano de vivir en una sociedad democrática”, resumió el periodista paceño.
Lamentó que se quiera acallar a quienes son críticos del oficialismo y que la propuesta de ley 305 -denominada Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos- no es objetiva, sino que deja mucho a la interpretación, sobre todo en lo referido a dictar penas de privación de libertad por supuestos actos de discriminación o racismo.
“(Con esta norma) Se agrava todavía hasta siete años la posibilidad de que un periodista vaya a la cárcel, porque queda arbitrio e interpretación de jueces y fiscales, que no son independientes, que trabajan en coordinación con el Gobierno, a establecer si un periodista ha cometido o no ha cometido un acto de discriminación o racismo”, detalló Peñaranda.
Luego agregó: “Lo que está afectando acá es que todo puede ser susceptible de una interpretación; si tuviéramos jueces y fiscales independientes, autónomos, etcétera, hasta podría ser menos preocupante; pero no es el caso. La manera ambigua como está redactado el artículo 281, que da esa posibilidad de interpretación, es lo que genera tanta preocupación. Al final lo que quiere el oficialismo, con esta norma, es callarnos, hacer que prevalezca la autocensura y que evitemos los temas más importantes”.
Peñaranda indicó en EL DEBER Radio que, durante esta semana, representantes de las distintas asociaciones de periodistas, propietarios de medios de comunicación y federaciones de trabajadores de la prensa se reunieron con la comisión de Derechos Humanos de diputados, además del ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a quienes plantearon sus observaciones con respecto a la norma.
El periodista afirmó que aún no existe una fecha para presentar el proyecto al plenario y que tanto las autoridades como la presidenta de la comisión les habían dicho que el proyecto “no está escrito en piedra” y que esperan que, antes del 10 de mayo -día del periodista-, pueda eliminarse este este artículo.
“Nosotros hemos señalado que nos parece adecuada esa apertura de las autoridades; pero que tiene que ser establecido por escrito y, mientras no esté por escrito oficialmente, esta decisión, nosotros seguimos en estado de emergencia y estamos atentos para retomar las movilizaciones”, manifestó el representante de los periodistas paceños, que no descartó marchas, huelgas de hambre y plantones.
En su opinión, la unidad demostrada por el gremio periodístico “muestra la gravedad de la situación”, y que, si bien tienen visiones diferentes, todas las organizaciones comparten los valores de la defensa de la libertad de expresión y de prensa. “Y esa unidad, yo creo que ha sido muy importante para esta apertura que han tenido las autoridades”, sostuvo.
También se mostró partidario de la autorregulación y de que los tribunales de ética periodística ejerzan sus funciones.
“Yo creo en la autorregulación, creo que el trabajo de los periodistas tiene esos límites éticos y, cuando sobrepasamos o accedemos a esos límites éticos, está bien que venga un Tribunal Nacional de Ética Periodística a señalarlo, como señala el artículo 107 de la Constitución, que dice: ‘Se regirá por su por sistemas de autorregulación’; precisamente por el Tribunal y su ley es la ley de imprenta. Cuando un periodista comete difamación o injuria están los Tribunales de Imprenta (para regularlos). No están siempre disponibles, pero se pueden crear fácilmente por los Concejos Municipales de cada ciudad y este Tribunal de Imprenta dará una sanción, que no puede ser una pena de cárcel”, explicó en EL DEBER Radio.
Por otro lado, Peñaranda observó que desde que durante el gobierno del MAS la tarea de los periodistas ha estado supeditada a un premio-castigo con la publicidad estatal; acoso tributario, a medios que no son afines al Gobierno, acoso judicial a periodistas que trabajaron en el canal estatal durante el gobierno de transición, y el ataque de grupos de choque a los periodistas en el ejercicio de sus labores.
“Todo lo que ha vivido, sobre todo, en Santa Cruz; pero también en otras ciudades y en La Paz; los grupos de choque, los ataques a los periodistas, después los avasalladores que tomaron secuestrados a periodistas; secuestro y tortura en Las Londras, etcétera. Hay una sensación de acoso a los medios; esto tiene varias aristas”, indicó. “Hay una un esfuerzo del oficialismo de acallarnos, de atemorizarnos amedrentar a la prensa, a la prensa independiente”, señaló después.
Peñaranda manifestó que se ha creado un grupo de periodistas de medios paraestatales y del Gobierno, que se autodenominan como asociación independiente de periodistas, pero que ellos “defienden al Gobierno”.
Fuente: El Deber