El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, expuso que hay sectores que hacen caso omiso respecto a esta problemática y dijo que hay una “infinidad de casos” de esta magnitud
Fuente: https://noticias.unitel.bo
El ministro participó en la firma del Convenio Intergubernativo entre el Fondo de Desarrollo Indígena – MDRyT y Soberanía Alimentaria IPDSA
En medio del conflicto por la toma ilegal de tierras en el predio de la empresa Santagro, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, observó que hay una “precariedad de la fuerza coercitiva” que es aprovechada en la toma de tierras y que existe “una infinidad de casos” de esta magnitud.
La autoridad se refirió al conflicto por la toma de tierras que los propietarios de Santagro defienden como suya y sostuvo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ya determinó en sus informes que las inversiones de esta empresa están sobre una reserva forestal, tras un informe de la máxima autoridad, cuya labor se enfoca en el uso y manejo de tierras.
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Gonzales alegó que Santagro asentó sus inversiones en tierras fiscales no disponibles, declaración que se da en medio de un conflicto por el ingreso violento en las tierras por parte de un grupo irregular armado el pasado 25 de diciembre.
“Son tierras fiscales no disponibles. Entonces no debería haber ni Santagro ni cualquier otro grupo de pequeños, medianos o grandes productores en la zona. Lamentablemente, hacen caso omiso a esta situación y aprovechan, tal vez, la precariedad de la fuerza coercitiva que el Estado utiliza. No es el único caso, hay infinidad de casos de esta magnitud”, apuntó.
Toma de Santagro
En este sentido, observó con extrañeza que el Tribunal Agroambiental no se pronuncie respecto a este tema, resaltando que hay una tardanza de este ente judicial lo que conlleva a que el Estado no pueda entrar a actuar sobre esta situación.
Actualmente, hay una disputa por estos predios que los propietarios de Santagro defienden con documentos y están a la espera de que el Tribunal Agroambiental emita su postura respecto a estas tierras que están siendo ocupadas por un grupo irregular armado que hasta la fecha no ha sido desalojado por la Policía, pese al pedido de la Fiscalía de intervenir en los terrenos.
Observaciones del sector productivo
Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), mediante comunicado, apuntaron que mientras existan vías legales para impugnar la resolución del INRA, la condición jurídica de los titulares de Santagro es de propietarios, no como poseedores y menos como avasalladores. Esta definición tiene base en los documentos con los que cuentan los propietarios del predio.
De acuerdo con el Plan de Uso de Suelo De Santa Cruz expuesto por los empresarios, el predio Santagro no se ubica en zona de reserva forestal, agregando que en más de 25 años de ejecución del proceso de saneamiento de tierras, y a pesar de varias solicitudes escritas y verbales, el INRA no mostró a las entidades agropecuarias el mapa oficial de la Reserva Forestal Guarayos, lo que incrementa las interrogantes sobre el saneamiento en la zona.
“Anapo recuerda a las autoridades pertinentes que, mientras no se emita un fallo de fondo, las medidas precautorias concedidas por el Tribunal Agroambiental a pedido de los propietarios (entre ellas la prohibición de asentamientos humanos o desmontes) deben aplicarse sobre las áreas avasalladas y no sobre la superficie trabajada”, reza el comunicado.
La dirigencia de Anapo también enfatizó que son las instituciones del Estado las encargadas de desalojar a los avasalladores, para cumplir la ley y la promesa del presidente Luis Arce, de no permitir avasallamientos en tierras productivas ni tráfico de tierras.