Se cierra el ciclo de las AFP en Bolivia: ¿cuáles fueron sus aciertos y sus fallas?

Después de 26 años de funcionamiento, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cerraron su ciclo en Bolivia este viernes 12 de mayo y, por disposición del Gobierno, las jubilaciones serán administradas por la Gestora Pública desde este lunes 15 de mayo.

Durante este tiempo, según el balance de analistas y jubilados, las AFP evitaron que el sistema de reparto, que dependía del Estado, se fuera a la quiebra por el alto déficit fiscal que causaba, hizo transparente los aportes de cada ciudadano y permitió un tímido desarrollo del mercado de valores, sin embargo, por la regulación y restricciones normativas, no se pudo mejorar la rentabilidad de los aportes de trabajadores para la jubilación.

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Dos AFP operaron en Bolivia: Previsión, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y Futuro de Bolivia, del Grupo Zúrich.

El analista en pensiones Pablo Pinell opinó que uno de los aspectos positivos de la llegada de las AFP, fue que le quitó un enorme peso fiscal al Estado porque se migró a un sistema de capitalización individual.

Hasta 1996, en el sistema de reparto los trabajadores nuevos aportaban para la jubilación de la gente mayor. “Para que ese sistema sea sostenible se necesitaba 10 cotizantes de activos para pagar la pensión de un pasivo, pero en realidad solo habían tres y el Estado tenía que asumir la carga y se generaba un elevado déficit fiscal, pero con las AFP se frena eso”, explicó.

Por otro lado, nadie tenía idea de cuánto aportó para su jubilación, pero con el sistema de las AFP cada persona pudo monitorear periódicamente su ahorro en las cuentas individuales. Además, las AFP al administrar los recursos podían canalizar financiamiento de largo plazo a bancos o empresas.

Sin embargo, Pinell observó que con la llegada de las AFP se esperaba un mayor desarrollo del mercado de valores, que las empresas emitan bonos, acciones, pero eso no se logró por el desinterés también de las compañías de financiarse en Bolsa, ya que este proceso requiere transparencia, evaluación de riesgo y fiscalización.

El otro problema, dijo, fue la baja rentabilidad generada con las inversiones de las AFP, pese a que había mucha expectativa de jubilación con mejores rentas.

Pero esto se dio porque el sistema obligaba a las AFP a invertir en instrumentos de bajo riesgo. “Con la Gestora no va cambiar esa realidad, porque va a tener que invertir en los mismos títulos, a no ser que cambie la regulación y se faculte la inversión en títulos de alto riesgo y mayor rentabilidad”, explicó.

El analista en pensiones Alberto Bonadona consideró que la parte positiva de la llegada de las AFP y el sistema de capitalización individual fue que salvó de la quiebra o insolvencia del anterior sistema de reparto, aspecto que fue provocado no solo por la mala administración y corrupción, sino por la hiperinflación, que devaluó las inversiones realizadas por los fondos en DPF en la banca. De los 35 fondos que había antes de 1997, solo tres podían salvarse.

Con el nuevo sistema se evitó que el Tesoro General de la Nación se quede con la pesada herencia y el riesgo de que el déficit fiscal se dispare.

Con la Ley 1732 se dispuso la vigencia de la calificación de riesgo que deben tener los emisores de títulos-valores para captar las inversiones de las AFP, que es un termómetro que antes no existía.

Otro aspecto positivo, según Bonadona, es el fortalecimiento en un inicio del marco regulatorio y que se expandan por ejemplo las Sociedades de Fondos de Inversión (SAFI).

El analista financiero Jaime Dunn opinó que la presencia de las AFP tuvo un impacto positivo porque permitió que se supere el problema de corrupción y malos manejos, que antes había con los fondos de pensiones.

También permitió desarrollar el mercado de valores y financiar a empresas o emisores que cumplían con los requisitos.

Pero, por la regulación y el mercado, las AFP invirtieron hasta donde les era permitido y no pudieron ampliar su ámbito a un mayor número de empresas.

El sistema de capitalización individual para su éxito necesita generar una rentabilidad elevada, por eso es que los fondos en otros países tienen mayor flexibilidad para asumir mayores riesgos y mejorar ganancias.

“La normativa no permitió esto y generó contradicciones porque se exige rentabilidad alta, pero se le pide a la AFP que no tome riesgos”, puntualizó. En Bolivia existen limitaciones, por ejemplo, para que puedan invertir en el exterior y solo pueden hacerlo en Bolivia, donde el riesgo es alto.

Añadió que en países como Chile, la mayor parte de su rendimiento (70%) se genera por las inversiones de las AFP en el exterior. Otro problema es la lentitud de ASFI para aprobar emisiones de títulos-valor de empresas.

Las AFP recaudaban 240 millones de dólares al mes y tuvieron que invertir en el Estado y la banca. “La Gestora puede promover cambios y posibilidad de invertir en el exterior”, dijo Dunn.

Los jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP) señalan que el mayor fracaso de la llegada de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha sido la entrega de rentas por debajo de los 1.000 bolivianos con la Ley 1732.

Esto, producto de la bajas ganancias de las inversiones.

Rodolfo Ayala, representante de la Confederación de Jubilados del SIP, explicó que el único año en el que hubo una ganancia importante fue en 2002, cuando la rentabilidad alcanzó un 18,57%, pero luego en general el rendimiento fue bajo.

Añadió que las AFP solo invirtieron en bonos del gobierno o de los bancos, que son los que más se han beneficiado de las colocaciones.

Recordó que con la Ley 1732 la rentas incluso caían a 474 bolivianos, pero con la Ley 065 mejoró algo con la fracción solidaria que proviene de los aportes que realizan las personas que ganan más. De esa manera el jubilado sube su pensión a 800 bolivianos.

Eso ha beneficiado a quienes percibían rentas por debajo de los mil bolivianos, pero perjudica a los trabajadores activos que realizan los aportes solidarios, agregó Ayala.