Josep Stiglitz catedrático de economía en la Universidad de Columbia Estados Unidos y premio Nobel de Economía en 2001, en una célebre conferencia sostuvo: “El 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres por mucho esfuerzo que hagan, y el 90% de las personas que nacen ricas, mueren ricas, aunque no hagan mérito para ello. Pero, la divinidad dice algo diferente que florece el alma. Dios lo sabe.
La crisis de 2008, la primavera árabe y las diversas guerras por la hegemonía mundial incluida la agresión de Rusia a Ucrania en sus efectos políticos y económicos financieros, han motivado sendos estudios de investigación colectiva que ponen a prueba la globalización de economías, mercados, tecnología e incluso la necesidad de una reingeniería jurídica internacional de la misma ONU, porque como que la regulación parece que viene detrás de la criminalidad.
Es bueno apuntar que, con referencia a uno de estos segmentos la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el premio Nobel de Economía 2022 a los economistas estadounidenses Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig por la investigación sobre bancos y crisis financieras.
El aporte de las célebres personalidades es introducir un modelo respecto a las corridas bancarias, de tal forma que sean rescatados para evitar crisis peores a la de 2008. Actualmente, por los problemas que nos dejó la pandemia y la recuperación de la economía, así como las consecuencias de la guerra rusa a Ucrania traducida en recesión de inversiones, inseguridad para atraer capitales, acelerada desocupación y la macroinflación, son temas que atraen a los economistas, para ver cómo se canalizan y cómo se puede controlar una crisis, desde luego para estar cada día mejor preparado en el mundo. Con mayor razón, en economías tan pequeñas como la nuestra, cernida por el contrabando, la corrupción, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, deforestación a gran escala y la parafernalia de un ministro de hacer creer que una carretera es más importante que el agua de Güenda-Urubó para los cruceños y sus provincias, es como anotarse una victoria intrépida pero estólida.
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Hasta el momento no se detecta en la política económica y menos en la estructura jurídica, un nuevo modelo que manifieste su predisposición a debatir con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil de “buena fe” cómo ponerse de acuerdo. Los plazos políticos para obtener más créditos a sabiendas de que las Reservas Internacionales Netas (RIN) al 30 de abril de 2023 alcanzan a $us 3.158 no son la mejor señal de reflexión de desarrollo y la falta de transparencia en los contratos de explotación de oro que tiñen de mercurio a los ríos de occidente y oriente (Kaká, Mapiri, Coroico, río Beni) no preservan la vida humana y los recursos hídricos Un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) que se realizó en Brasil, Venezuela y Colombia, se detectó que en Bolivia el 94% de los indígenas de Eyiyo Quibo tienen niveles de metilmercurio por encima del límite (una parte por millón) un caso incluso llegó a 32 ppm, elemento neurotóxico peligroso para la vida de las comunidades.
En este orden, el plazo de diez días que desde el ministerio de obras y transporte se fija para ejecutar la carretera en el tramo II, III no es prudente, razonable ni humano, al afectar: la reserva natural del Urubó, las fuentes de agua de Güenda-Urubó vital para la población del Departamento de Santa Cruz y sus comunidades, la deforestación invalorable, la fauna y flora, y el “derecho humano” de acceso al agua. Es importante recordar además que La CEPAL considera el agua como un vector de desarrollo sostenible, recurso hídrico que hay necesidad de sostener en el tiempo como “derecho humano universal”.
Desde el área académica defendemos que en situaciones de crisis e incertidumbre la estrategia más adecuada es la política económica social mediante el consenso, y no la amenaza, los bloqueos y la tiranía de los plazos. En esa línea sería bueno fortalecer las funciones autonómicas, la calidad de los procesos de toma de decisiones políticas mediante leyes o resoluciones que sean obligatorias para el gobierno, aunque no vinculantes.
Un aspecto central es que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la mejora de la calidad del debate público en el tema vial; recursos hídricos y los retos de transformación de la justicia independiente que exigen diálogo, buena fe y consenso. Por eso creo que ningún gobierno puede introducir reformas sostenibles en el tiempo, si no tiene tras de sí corrientes de opinión social favorables, porque si no las tienen, un gobierno puede aprobar reformas necesarias, pero el siguiente las va a echar al canasto.
A propósito, el profesor Prieto S., Luis dice: Sin un mínimo de justicia, el orden normativo no es un verdadero orden jurídico, sino a lo sumo el (des) orden propio de una banda de malhechores”.
Pedro Gareca Perales