“No hay voluntad y por tanto su autoridad ya no es válida», opinó el diputado Gualberto Arispe respeto a la labor del titular de la Cámara de Diputados
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
Ante la falta de respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, los legisladores que desde hace seis días cumplen una huelga de hambre en demanda de que se instale la sesión para aprobar la ley de convocatoria a las elecciones judiciales enviaron este lunes una carta al primer vicepresidente de la Cámara, Hernán Isaías Durán Lazo (MAS) para que sea él quien asuma esa responsabilidad.
En contacto con los periodistas que cubren el Legislativo, el diputado Gualberto Arispe explicó que se vieron forzados a tomar esta determinación ante la desatención de Mercado y la urgencia de cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispuso que la Asamblea Legislativa debe aprobar por dos tercios de voto la convocatoria a las judiciales.
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“No hay voluntad y por tanto su autoridad ya no es válida. Una semana prácticamente con hoy, desde el anterior lunes, y desde que se ha aprobado (la ley en el Senado) son más días. No hay voluntad, prácticamente está inexistente el presidente. Por eso tomamos la decisión de mandar la nota al primer vicepresidente de la Cámara de Diputados”, anunció.
Los legisladores que adoptaron esta determinación argumentan que no se trata de un asunto de usurpación de funciones, ya que el primer vicepresidente puede asumir este tipo de determinaciones, sino más bien de cumplir con las obligaciones que tiene el Legislativo.
El proyecto de ley 144 de convocatoria a las elecciones judiciales fue aprobado hace más de una semana y por dos tercios de voto en la Cámara de Senadores, tras lo cual fue remitido a la Cámara de Diputados, donde fue enviado a tratamiento de comisión. En esa instancia se decidió enviar el texto en consulta al Ejecutivo y al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Para los huelguistas, el envío al Ejecutivo no es más que un acto dilatorio, ya que ese poder del Estado no tiene ninguna atribución para decidir sobre las elecciones judiciales.
En todo caso, el tratamiento de la normativa ha quedado en suspenso, a la espera de la respuesta del Ejecutivo y el TSE, mientras la huelga de hambre continúa y hoy sería radicalizada con el ingreso de sectores sociales.