En las gestiones de Ana María Romero de Campero, Waldo Albarracín y Rolando Villena, la Defensoría del Pueblo, jugó un rol importante en la resolución de graves y grandes conflictos nacionales, a través de diferentes mecanismos: mediación, reuniones, comunicados, inspecciones, seguimiento y otros, porque sin duda, gozaban de credibilidad, confianza y ejercían una alta autoridad moral.
En los últimos tiempos se ha impuesto en el Estado Plurinacional la cultura de los bloqueos, acción de protesta de diferentes sectores para hacerse escuchar en un abanico de demandas. Se bloquea de todo contra todos.
Le recuerdo que el Art. 21, inciso 7, se establece que todos los bolivianos tenemos derecho a la “circulación en todo el territorio boliviano”, por lo que cualquier bloqueo venga de donde venga es ilegal, violento y vulnera los derechos humanos de los otros, los que no bloquean.
Un bloqueo de caminos viola los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la libre circulación, a la alimentación de millones de personas, que no son parte de un determinado bloqueo. Y como usted dice ser el Defensor del Pueblo está en la obligación de exigir que no se vulneren los derechos de esas millones de personas, que cada vez que hay un bloqueo se ven impedidas de ejercer varios de sus derechos, incluso, ha llevado al enfrentamiento entre los que bloquean y los que no, o a muertes accidentales.
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Vergonzosamente en varios de los bloqueos los fiscales y policías desaparecen como dando a entender que se permite unos bloqueos y otros no. O hay bloqueos buenos y hay bloqueos malos. Es la contradicción del poder.
Lamentablemente, desde el Gobierno se viene propiciando, organizando y alimentando un bloqueo de un determinado sector campesino, bajo el pretexto de una carretera, la misma que según estudios, afectará a un área protegida y que es parte de los acuíferos que suministran de agua a más de 2 millones de personas que viven, trabajan y aportan en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Es un bloqueo contra los ciudadanos, además de vulnerar los derechos de la Madre Tierra y sus seres vivos, medida radical que vienen alertando y amenazando desde el Ministerio de Obras Públicas, y como Ud sabrá que es inadmisible que desde esta esfera gubernamental se haga esta acción violenta e ilegal, que favorece a unos y va en contra de muchos.
De modo, que Ud señor Pablo Callizaya, que funge como Defensor del Pueblo, tiene un arduo trabajo que cumplir en esta prioridad que tiene la Defensoría del Pueblo de prevenir conflictos y prevenir vulneraciones de derechos humanos, que si no hace nada o por lo menos se informa de la delicada situación que se avecina a partir del 11 de septiembre con este bloqueo a Santa Cruz, lamentablemente, esa gran institución que es la Defensoría del Pueblo no es garantía de los derechos humanos y que demostrará otra vez que está al servicio del poder.
Como ciudadano comprometido con los derechos humanos, que tuve el alto honor de acompañar al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, desde 2010 al 2016, me hago eco de las voces de miles de ciudadanos que deben transitar desde Santa Cruz—Buenavista-Portachuelo-Yapacaní-Chapare-Cochabamba…. tanto transportistas, mototaxistas, maestros, alumnos, vecinos, personal de salud, turistas, y que probablemente estarán bloqueados a partir del 11 de septiembre, le exijo actuar y demostrar su temple generando las condiciones para evitar esta medida violenta y anticonstitucional.
Ojo que los derechos humanos no son privilegios de nadie, ni son favores, ni pegas, ni mecanismos de extorsiones, si no que son un paraguas que a todos nos debe proteger de acciones vulneratorias y violentas, como lo es un bloqueo de caminos.
Cordialmente,
Hernán Cabrera M.
Periodista, Representante departamental de la Defensoría del Pueblo (2010-2016)