Los inmuebles pasarán a Dircabi, mientras continúe la investigación. La defensa de la exalcaldesa apeló a la resolución
Fuente: El Deber
En una audiencia de complementación que se llevó a cabo la tarde de este lunes en el Juzgado 3° de Anticorrupción de la Capital en el piso 13 del Palacio de Justicia, el juez Primo Flores ordenó que seis inmuebles pertenecientes a la exalcaldesa Angélica Sosa sean incautados y pasen a disposición de Dircabi, mientras continúan las indagaciones.
Esta investigación está enmarcada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en el caso ‘prestín’.
Arturo Heredia, abogado de Sosa, manifestó a EL DEBER que la mayoría de los inmuebles de su defendida fueron adquiridos en 1998 como patrimonio familiar, mucho antes que ella esté en función pública, a excepción del fundo turístico de Limoncito que está ubicado en el municipio de El Torno y era de propiedad del extinto Sergio Perovic.
“Me parece absurdo la decisión del juez Flores, porque el procedimiento para la adquisición de bienes tiene que ser posterior a la función pública, y no existe bienes de Sosa comprados en ese tiempo que pueda conllevar a una legitimación de ganancias ilícitas”, aseguró Heredia en contacto con esta casa periodística.
Por lo mencionado, el jurista cuestionó bajo qué concepto emitió la determinación el juez Primo Flores y puso en duda la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional a quien acusó de estar inclinado en favor del Ministerio Público y la Alcaldía cruceña.
Adelantó que tras la determinación del juez se presentó una apelación, respuesta que se debe conocer en el plazo de 72 horas, y adelantó “con certeza” que la Corte rechazará esta resolución.
“Muéstrenme al menos un inmueble en el exterior, sino ya lo hubiesen traído, van dos años y medio de investigación y nada de resultados”, criticó.
Desde la Alcaldía cruceña, a través del asesor Felipe Molina, aplaudieron la decisión del juez para resguardar bienes, esto para que a futuro se pueda resarcir los presuntos daños al municipio cruceño.
En este proceso judicial se investiga el uso de recursos económicos provenientes de las arcas de la Alcaldía, supuestamente obtenidos de manera irregular, para la creación de una red de préstamos a terceras personas.