Tanto la defensa como las familias de los cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra contemplan que se quiere dejar en la impunidad el caso y piden a la Fiscalía revocar esta resolución.
Los afectados (der.) denunciaron que no fueron notificados con la resolución de sobreseimiento
Asimismo, los afectados consideran que el fiscal que firmó la resolución de sobreseimiento actuó bajo influencia de la diputada que, “utilizando el cargo que ostenta, ha presionado a la Fiscalía para que presente este requerimiento que la excluye definitivamente del proceso”.
Mientras que el abogado Camacho argumentó que esta determinación busca dejar en la impunidad a la diputada del MAS, quien fue denunciada por reunir a grupos de choque armado afín al partido azul y les brindó alojamiento, alimento y proporcionó todos los elementos para elaborar los explosivos y armas utilizadas para dar muerte a Terrazas y a Salvatierra
En este sentido, Camacho pidió al fiscal departamental Roger Mariaca que revoque esta resolución entendiendo que existen elementos suficientes para continuar el juicio contra la diputada e incluso llegar a una sentencia condenatoria, ya que a casi cuatro años de lo sucedido las familias aún no tienen justicia.
Salvatierra y Terrazas fallecieron por impactos de bala el 30 de octubre de 2019
Marcelo Terrazas (hijo de una de las víctimas) pidió justicia para su padre y también solicitó al fiscal revocar esta resolución a través del petitorio enfilado por su defensa, ya que el proceso se estancó con el pasar de los meses y no se tomaron en cuenta las pruebas que había contra los acusados.
“Están las pruebas contra ella (Deysi Choque) lastimosamente hoy diputada y fue ese su premio por haber matado a mi padre. El lado opositor y el que defendía una democracia y libertad no tiene justicia hasta el día de hoy. Mi padre ha muerto hace casi cuatro años y seguimos en la lucha para encontrar una justicia digna”, expresó.
Choque logró salir de la cárcel en agosto de 2020, pese a ser señalada como la autora intelectual de la muerte de los cívicos durante los enfrentamientos en Montero. Fue acusada por los delitos de homicidio, organización criminal e instigación pública a delinquir.