Ven que un factor determinante es la falta de independencia judicial en Bolivia, “ahí nace todo el problema. ¿Qué le podemos exigir a un juez que ha sido nombrado a dedo y está a favor del partido político de turno? (…) Ese no va a ser imparcial bajo ningún punto de vista”.
La Paz, 18 de septiembre de 2023 (ANF).- La abogada de César Apaza y Rosalba Vargas, Evelin Cossio, reveló que la situación jurídica de más de 80 productores afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas ha llegado solo ante una jueza, al despacho de la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz.
La abogada defensora de Apaza, detenido en la cárcel desde septiembre de 2022, y de Vargas que guarda detención domiciliaria, lamentó que en “toda la cadena” de investigación y administración de justicia exista “injerencia política. Se refirió a la policía, fiscalía y tribunales de justicia.
En el conversatorio organizado por la ANF sobre el estado de situación de la Justicia, Cossio dijo que en todos los años que lleva defendiendo a los cocaleros detenidos en las diferentes movilizaciones y luchas de este sector ha detectado que todos los casos llegan solo ante una jueza.
“Lo extraño de todo era que justamente a los cocaleros, existiendo bastantes juzgados de Instrucción en La Paz, los derivaban a todos ante una juez, ante la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, la doctora Palacios”, declaró la abogada.
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Detalló que la situación de más de 80 cocaleros llegó a ese despacho “Esta juez tuvo en sus manos la situación jurídica de más de 80 cocaleros. Solo ella. En la mayoría de los casos, ella siempre imponía esa determinación de la presentación de garantes que sean familiares”.
La jurista añadió que si bien existe el sorteo de los casos, cree que se direccionaba para que lleguen a manos de dos fiscales, pese a la cantidad de funcionarios fiscales que hay en La Paz, “solamente conocían dos fiscales (…). Debería de hacerse un sorteo por procedimiento, pero ocurría que lo direccionaban para que solo llegue donde dos fiscales”.
La abogada Marisol Quiroga dijo que es fundamental el mecanismo de “control social” ante este tipo de situaciones, considera inadmisible que al menos 80 casos de cocaleros siempre lleguen al mismo juzgado. ¿La opinión pública no va a razonar porque los 80 casos llegan ante esta juez? Al tiro nos vamos a dar cuenta porque hay un mecanismo político de influencia”, sostuvo.
Señaló que esto debería molestar a la ciudadanía para demandar un cambio de toda la estructura del sistema judicial. “La población civil tenemos que ver de qué mecanismos jurídicos contamos a la fecha para poder activar y poner un freno a todo este sistema de corrupción”.
Al igual de Cossio, Quiroga coincide que un factor determinante es la falta de independencia judicial, “ahí nace todo el problema. ¿Qué le podemos exigir a un juez que ha sido nombrado a dedo y está a favor del partido político de turno? (…) Ese no va a ser imparcial bajo ningún punto de vista”.
Durante los diferentes momentos de conflicto entre el Gobierno y los cocaleros, especialmente desde que los productos de los Yungas rechazaron la ley General de la Coca, decenas de cocaleros fueron aprehendidos, muchos enviados con detención preventiva.
Franclin Gutiérrez fue detenido y tuvo que estar por más de un año en la cárcel de San Pedro, la fiscalía no logró probar sus acusaciones; como él, ahora otra cantidad de cocaleros como Freddy Machicado y César Apaza, están detenidos sin pruebas e imputados por más de 15 delitos.
Cossio, además cuestionó la dilación y las medidas extremas que impone la jueza que conoció los más de 80 casos de cocaleros. Por ejemplo, contó que cuando les otorgaba detención domiciliaria pedía garantes familiares que prueben la descendencia y además de otros documentos, si no cumplían en un plazo se alegaba incumplimiento y en nueva audiencia imponía la presentación de otro garante.
“Medidas sumamente extremas que ella imponía y cuando uno apelaba ella no lo remitía dentro del plazo correspondiente, sino que lo hacia dilatar o remitía el cuaderno con piezas incompletas para que nuevamente se haga la devolución y en la complementación no complementaban todo”, se quejó la abogada.
Quiroga añadió que estas exigencias para la detención preventiva son imposibles de cumplirlas, no obstante, que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los Estados no deben imponer medidas de imposible cumplimiento. Recientemente la CIDH en noviembre ha lanzado una sentencia contra el estado mexicano que radicaba en la detención preventiva como pena anticipada. Tenemos en el país detenidos preventivos con ocho años. Eso es totalmente incomprensible para el razonamiento de los derechos humanos y el Estado está acarreando responsabilidad internacional porque el Estado mexicano ha sido sancionado”.