Afirman que los reportes de enfrentamientos con armas de fuego preocupan y evidencian la ausencia del Estado en áreas con alta actividad minera. Cuestionan la dejadez de autoridades que permitieron la penetración y consolidación de organizaciones irregulares en zonas conocidas por contar con riquezas para la explotación. Condenan la inacción e incapacidad del Gobierno para poner orden a la actividad minera ilegal en el norte paceño y otras zonas del país.
Fuente: El Diario
Tras los recientes reportes sobre hechos de confrontación y violencia registrados en la localidad de Apolo, el diputado por Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes, señaló que estos hechos reflejan otro rostro del crimen organizado y lamentó que el Estado haya perdido presencia en las zonas afectadas por la actividad minera ilegal.
En criterio del legislador paceño, los reportes de enfrentamientos con armas de fuego preocupan y evidencian la ausencia del Estado en áreas con alta actividad minera.
En ese sentido, exigió que autoridades de Gobierno trabajen en garantizar seguridad para la población y los derechos ciudadanos que están siendo vulnerados por grupos irregulares dedicados a la explotación minera en estas zonas.
“Realmente el Estado ha perdido presencia absoluta en estas zonas. Le exigimos a los Ministros del área recuperar esos espacios públicos y regiones tomadas por estos grupos, con presencia de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana, no con tiktokers”, manifestó Reyes.
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Recordando que fueron las propias autoridades encargadas de controlar la actividad minera, quienes reconocieron que los recientes hechos de violencia en la localidad de Apolo fueron protagonizados por organizaciones irregulares, el legislador de oposición lamentó que el crimen organizado muestre un nuevo rostro en territorio nacional, sembrando terror en la población ante la falta de un control efectivo.
Por ello, cuestionó la dejadez gubernamental que permitió la penetración y consolidación de este tipo de organizaciones irregulares en zonas conocidas por contar con riquezas para la explotación.
“Esto demuestra que habido una dejadez desde hace tiempo y se han generado espacios de protección en áreas que cuentan con riquezas que le pertenecen a todos los bolivianos. Hoy las disputas y peleas de estos grupos atemorizan a la población”, sostuvo.
Al respecto, la senadora Cecilia Requena, condenó que este tipo de enfrentamientos tengan lugar ante la inacción de autoridades que demuestran incapacidad para poner orden en el lugar y regular de forma responsable la actividad minera en zonas del norte paceño.
“¿Cuántos enfrentamientos y muertes más deben ocurrir para que las autoridades tomen en serio sus responsabilidades?”, cuestionó Requena.
El pasado miércoles, se reportó un enfrentamiento entre dos grupos dedicados a la explotación ilegal de oro en la localidad de Lajilurisani de Apolo. Producto del hecho una persona perdió la vida, en tanto que, otras cuatro resultaron heridas por arma de fuego.
Según comunarios de Santa Rosa, el ataque se produjo la madrugada del miércoles cuando un grupo de personas, supuestamente contratadas por empresarios mineros que pretenden realizar actividad minera en el sector.
Ayer, medios de Apolo reportaron que un contingente policial llegó al lugar para tomar control de la zona y aplicar peritajes que permitan esclarecer los hechos.
Gabriela Pantoja, directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) indicó que no existen derechos mineros otorgados en el área. “Por lo tanto, no se trata en realidad de una obstaculización por la actividad minera, aparentemente son grupos irregulares o intentos de iniciar actividades mineras ilegales”.
Un informe oficial de la Defensoría del Pueblo estableció cuatro heridos y un fallecido, los primeros fueron referidos al Hospital Arco Iris de la ciudad de La Paz.
“En vista al Hospital Arco Iris, se tomó contacto con el médico de guardia, Dr. Miranda, quien informó que los dos heridos presentan estado de salud estable y en proceso de recuperación”, indica el informe.
La institución defensorial exhortó a autoridades competentes que, en el marco de sus atribuciones, puedan devolver la paz social en el sector y se garantice la seguridad ciudadana, de igual forma, se pidió a los involucrados a optar por la vía del diálogo para el cese de vulneraciones y no afectar el derecho a la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario