El 13 de noviembre del 2022, en medio de un multitudinario cabildo, el departamento aprobó revisar la relación de Santa Cruz con el Estado
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, plantea un nuevo orden jurídico y hasta una reforma parcial de la Constitución como parte de las acciones a corto y mediano plazo, para que Santa Cruz se ‘libere’ del centralismo del Estado boliviano.
A exactamente un año, el líder del ente moral del departamento, expone el plan que se ejecutará en los próximos meses. Las medidas también incluyen actores y tiempos determinados, que fueron detallados desde el salón Guaraní de Fexpocruz.
El 13 de noviembre del 2022, en un cabildo multitudinario, los cruceños acordaron revisar la relación del departamento con el Estado. Es así que desde entonces se realizaron más de una docena de talleres y reuniones con diferentes actores.
“¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”, dijo el entonces presidente del Comité, Rómulo Calvo, a través de un video que fue reproducido ante la multitud.
Tras ese evento, la entidad cívica trabajó en el proyecto para establecer un modelo de relacionamiento que contemple un cambio cualitativo en la estructura política que permita a Santa Cruz administrar recursos y ejercer competencias autonómicas.
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Larach manifestó que participaron más de 75 especialistas en paneles de debate ciudadano que tuvieron lugar en todo el departamento. Asistieron más de 1.200 personas, según los registros de los organizadores.
De ahí que se llegó al plan de «liberar las autonomías secuestradas. Y esa liberación supone medidas a corto y mediano plazo»
Detalla que entre las acciones está promover «un nuevo orden jurídico constitucional que plantea adoptar medidas a corto y mediano plazo para liberar primero las autonomías y luego profundizarlas, a fin de lograr su plenitud en los ámbitos organizativo institucional, económico-financiero, normativo y territorial administrativo. Asimismo, una descentralización consolidando el pacto fiscal».
Asimismo, «se proponen, en este plan, acciones de índole jurídico, legal y constitucional para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el correcto funcionamiento de las autonomías, impulsando propuestas normativas modificatorias, abrogatorias o derogatorias de las leyes nacionales invasivas, así como promover la reforma parcial a la Constitución, activada por un referéndum popular con alcance nacional».
Pero eso no es todo, a mediano plazo «se plantea que el referéndum sea vinculante departamentalmente, para su viabilización en aquellos departamentos con voluntad, capacidad y vocación autonómica.
De esta manera, podemos empezar a construir un modelo asimétrico, mediante el desarrollo de un proceso autonómico diferenciado entre los departamentos que opten por recorrer este».
Es más, aclara que si «hay gente que esperaba que aquí proclamemos una lucha armada o apelar y métodos violentos para romper abruptamente con el Estado boliviano, siéntanse legítimamente defraudados: la pregunta del Cabildo fue precisa: nos dio el mandato de revisar la actual relación con el Estado dentro del marco legal y democrático», leyó Larach.
En otras palabras y de manera más resumida, Larach explicó que en un primer tramo, «la estrategia está referida a la implementación de diez específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución».
Mientras que para la segunda fase «se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal».
En esta última fase también «se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal».
Explicó que este proceso descentralizador de la institucionalidad estatal con presencia territorial a nivel departamental se refiere, además, a la provisión de los cargos jerárquicos en «el Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Departamental, Gestora Pública, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASSUS), Autoridad de Pensiones y Seguros (APS)».
Al final del discurso, el representante cívico destaca la importancia de la unidad y del Censo de Población y Vivienda, para esta nueva relación del Estado con Santa Cruz.