La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó rechazar las dos solicitudes presentadas para el dirigente yungueño César Apaza y decidió cerrar el caso a favor del cocalero, quien había solicitado la aplicación de medidas cautelares ante su situación de salud apelando al artículo 25 del reglamento de este organismo.
Fuente: lostiempos.com
En una comunicación oficial, la CIDH Comisión explica que el planteamiento del caso no cumple con los requisitos de este artículo.
«Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables. Esta decisión en todo caso no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables», señala la Comisión CIDH en una nota enviada a la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, este 18 de diciembre.
En la carta enviada a la canciller Celinda Sosa, la CIDH señala que sin perjuicio de la determinación de que el caso ha sido cerrado para la comisión, el Estado debe garantizar el acceso a la salud a favor de César Apaza y el acompañamiento permanente de sus familiares.
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«Al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continue garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. Lo anterior, proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza del propuesto beneficiario y su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos del señor Apaza, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares», señala la nota.
El cocalero permanece detenido desde septiembre de 2022, acusado por la quema del mercado ilegal de coca promovido por Arnold Alanes, dirigente afín al partido de Gobierno.
En noviembre fue llevado al penal de Chonchocoro y su salud se deterioró hasta el punto que tuvieron que trasladarlo de emergencia el 15 de febrero por una embolia que, según su abogada, le paralizó la mitad de su cuerpo.
En ese marco, el pronunciamiento final de la Comisión CIDH señala que el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos de César Apaza, «de conformidad con el principio de no discriminación y con los elementos interrelacionados de la protección a la salud, a saber, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, incluida la realización de ajustes razonables necesarios en el centro penitenciario, para permitir que pudiera vivir con la mayor independencia posible y en igualdad de condiciones con otras personas en situación de privación de libertad»