El ministro Iván Lima dijo que el tribunal está de turno en las vcaciones judiciales y espera que el jucio comience las primeras semanas de enero de 2024.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez
IMAGEN: AFP
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto llevará adelante el juicio ordinario contra la expresidenta transitoria por la masacre de Senkata, en noviembre de 2019.
“La sala penal del Tribunal Departamental de La Paz ha determinado que la masacre de Senkata debe realizarse en la vía ordinaria. El expediente está radicado en el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto”, dijo la autoridad a los periodistas en puertas del Palacio de Gobierno.
Aclaró que dicho tribunal “está de turno en la vacación judicial” y debe preparar los actos para que el proceso se lleve a cabo las primeras semanas de enero de 2024.
El 23 de octubre pasado, el Ministerio Público acusó formalmente a Áñez y otras 17 personas por las masacres del 15 y 19 de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, respectivamente.
Esa acusación alcanzó a los entonces ministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic; de Defensa, Luis Fernando López Julio, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo.
“Todos ellos por la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”, dijo entonces el fiscal general, Juan Lanchipa.
Jeanine Áñez
Algunos miembros del alto mando policial y militar también están señalados por las jornadas de violencia del 15 y 19 de noviembre.
Luego de la acusación, el 30 de octubre, el caso llegó al Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto, que se declaró incompetente para juzgar a la exmandataria en la vía ordinaria.
Durante los luctuosos hechos de noviembre de 2019, 20 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares y policiales; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidad penal por el posible uso desmedido de la fuerza.
La comisión de fiscales de este caso determinó que Áñez y los demás acusados sean sometidos a un juicio ordinario. “Se solicitará una pena máxima sancionatoria con una pena máxima de 30 años de privación de libertad”, añadió Lanchipa.
El primer hecho ocurrió el 15 de noviembre, en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.
El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas con signos de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Violencia
La segunda represión violenta ocurrió el 19 del mismo mes en la zona de Senkata, en El Alto. Ese día otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Ambos hechos ocurrieron a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios en el Órgano Legislativo.