Emma Bravo, directora ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), aseveró que el disfuncionamiento de la justicia, entendido como el irrespeto y vulneración de los derechos fundamentales de parte de los operadores de justicia, deja en las personas graves secuelas físicas y psíquicas y una huella indeleble en la identidad de las personas.
La Paz.- Emma Bravo, directora ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), aseveró que el disfuncionamiento de la justicia, entendido como el irrespeto y vulneración de los derechos fundamentales de parte de los operadores de justicia, deja en las personas graves secuelas físicas y psíquicas y una huella indeleble en la identidad de las personas.
“Cuando se habla del disfuncionamiento de la justicia, generalmente hacemos referencia al no respeto a la presunción de inocencia, al hecho de priorizar la presunción de culpabilidad, a la falta de independencia de la justicia, a la falta de respeto de los derechos elementales de la persona privada de libertad, donde el accionar de la Justicia, de la Policía, se sitúa en las antípodas del respeto a los Derechos Humanos, del respeto al debido proceso”, aseveró Bravo como preámbulo a la Conferencia Magistral de Carlos Martín Beristain titulada “Secuencias psicosociales causadas por el disfuncionamiento de la Justicia”.
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Bravo indicó que en el trabajo que viene realizando el ITEI, de seguimiento durante años a casos de tortura y malos tratos, evidenció formas fehacientes de vulneración a los derechos humanos, en particular de personas privadas de libertad. Citó como ejemplo el caso de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, que padeció la arbitrariedad judicial durante su reclusión en el penal de San Pedro.
“Este seguimiento y el informe que se ha publicado después (sobre Aramayo) concluyen que su caso jurídico constituye uno de los casos de abuso de poder más extremos que nos ha tocado ver hasta la fecha”, señaló.
De acuerdo al informe realizado, desde un principio Aramayo fue detenido sin tomarse en cuenta el principio de presunción de inocencia, “siendo testigos de audiencias vergonzosas y compartiendo la impotencia frente a la ineficacia de un mundo judicial arbitrario”.
En otros informes realizados por el ITEI, refirió, “hemos evidenciado de forma fehaciente que no se respetan las reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad, por ejemplo, en lo concerniente al alojamiento, a la higiene personal, a la alimentación, a los servicios básicos, médicos, el proceder del personal penitenciario, etc., hemos mostrado, además, él no respeto a la vida”.
La directora remarcó que el sistema pone en riesgo la vida de las personas privadas de libertad en repetidas ocasiones, “dejando graves secuelas físicas y psíquicas en su integridad, sin que nunca se haya emitido ninguna denuncia por parte de las autoridades”.
“Pese a estas evidencias y malos tratos, la mayoría de las personas no se preguntan lo que todo esto produce en las personas a nivel psicológico, a nivel social”, enfatizó.
Todos estos hechos tienen un efecto en las personas que la padecen, en un contexto donde el solo estar preso preventivamente tiene consecuencias.
“Nos decía Juan Méndez cuando vino dirigiendo el grupo del GIEI, y que además fue relator de Naciones Unidas contra la tortura, que la detención preventiva ya puede significar una tortura”, dijo Bravo.
Desde una mirada psicosocial, agregó, es relevante mencionar que “todos estos actos dejan huellas indelebles en la identidad de las personas, malestares emocionales y afectaciones que generan problemas de salud, con daños transgeneracionales”.
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