La Paz.- Sin atención médica ni psicológica ni resarcimiento, algunas de las víctimas de tortura, violación y conculcación de derechos generalizados por parte del Estado boliviano en el caso Blas Valencia, denunciaron el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitida el 18 de octubre de 2022.
Las víctimas denunciaron que, a más de un año de la sentencia, no recibieron ningún tipo de asistencia médica especializada, sobre todo los que aún siguen purgando condena, y lo único que pretende el Estado es afiliarlos al Sistema Único de Salud (SUS), un seguro público que no cubre sus necesidades por la gravedad de las consecuencias sufridas a manos de la policía.
La CorteIDH sentenció a Bolivia como Estado violador de Derechos Humanos al haber cometido tortura física, psicológica y sexual en 2001 contra los detenidos por el caso Prosegur; además por ser responsable de la violación a los derechos a la presunción de inocencia y el derecho a la protección de la honra y dignidad; responsable de la violación al derecho a la salud; responsable de la violación al derecho a la vida; entre otros.
Sobre el resarcimiento, las víctimas señalaron que solo les dijeron que será en la presente gestión, pero desde hace meses no tienen ningún contacto con los funcionarios de la Procuraduría.
Por la gravedad en la salud física y psicológica, principalmente por daño neurológico severo, las víctimas requieren un trato preferente y especializado que va más allá del servicio que brindan las instancias públicas. A esto se suma “la gran burocracia del aparato estatal para cumplir la sentencia, con tiempos que para los funcionarios pueden ser de meses sin importar la salud crítica en que estamos”, dijo a ANF una de las afectadas.
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“A lo único que me han sacado es a crear una cuenta bancaria para que me depositen el resarcimiento, pero nada más, ya debería salir libre, pero Régimen Penitenciario ha perdido dos evaluaciones de clasificación y el juez no permite mi salida, por eso estoy casi dos años por demás, no hay solución hasta el momento”, señaló otro de los afectados.
La Corte determinó que el Estado debe brindar atención médica y psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a todas las víctimas.
Dijo que para ellos deberán tomarse en consideración los padecimientos específicos de las víctimas producto de los hechos “del presente caso mediante la realización previa de una valoración física y psicológica”.
“Los tratamientos respectivos deberán prestarse en Bolivia por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran. En el caso de las víctimas que se encuentren privadas de libertad, el Estado deberá garantizar el acceso a los tratamientos necesarios en establecimientos fuera del centro penitenciario, garantizando los traslados pertinentes entre el centro penitenciario y el centro médico”, agrega.
El sistema de salud carcelario es el más precario, los privados de libertad llegan a morir por enfermedades prevenibles por falta de atención médica oportuna, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.
La Corte ordena que las víctimas que así lo deseen “deben recibir un tratamiento diferenciado en relación con el trámite y procedimiento que debieran realizar para ser atendidos a través de las instituciones del Estado”.
El Estado boliviano además continuará y concluirá en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes “con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas”.
También el Estado diseñará e implementará las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual; y, creará un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales.
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