El fiscal departamental, Roger Mariaca, señaló este viernes que la Policía Boliviana es la encargada de dar las garantías para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para que asista a su audiencia de juicio oral en el caso Decretazo.

“Las garantías no las da el Ministerio Público sino la policía boliviana, considero que las autoridades pertinentes, la autoridad jurisdiccional pertinente tendrá que manifestarse a objeto de poder hacer referencia en el hecho en el cual pueda ser investigado”, dijo Mariaca en contacto con la prensa.

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La mañana de este viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también indicó que pidió informes a la unidad de Inteligencia de la Policía para “ver si existen condiciones” para el traslado de Camacho, a su audiencia en Santa Cruz.

“Hemos pedido informes a la Dirección Nacional de Inteligencia para ver si existe las condiciones de traslado de este privado de libertad. Si no existen las condiciones materiales y si eso genera nuevamente conflictividad no lo vamos a hacer”, dijo la autoridad a los medios en La Paz.

El 11 de marzo a las 13.30 inicia le juicio oral de Camacho, por lo que la Justicia determinó el traslado de la autoridad desde la cárcel de Chonchocoro de La Paz hasta la Cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

Esta determinación fue notificada desde el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital, de aquella región, al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de la autoridad cruceña y así asegurar su presencia en el juicio oral.

Camacho cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.

La autoridad es acusada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

El Gobernador está detenido en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho como dirigente cruceño, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.