Mauricio Ochoa Urioste
Bolivia ha tenido una primera Constitución – la de 1826 – reformada parcialmente diecinueve veces hasta la del año 2004. En rigor académico y conceptual, la segunda Constitución boliviana, por lo tanto, fue la aprobada el año 2009, que es por definición, ampulosa y llena de desatinos históricos desde su propio preámbulo.
En cierta forma, se puede decir que es la resultante del quehacer de diferentes comisiones en la Asamblea Constituyente – no exenta de graves conflictos políticos y sociales – y sobre todo del trabajo exclusivo y excluyente de gente ligada de manera directa o indirecta al Movimiento al Socialismo.
En estas circunstancias, mal podría hablarse de una Constitución pensada o nacida con el ánimo de llevar adelante una profundización de la democracia, el bienestar social y económico de los bolivianos y el respeto del pluralismo político. Por el contrario, las huellas de un indigenismo a ultranza son notables si se hace una lectura acabada del texto. Así sentadas las bases de esta Constitución, a la postre se ha profundizado el autoritarismo en el país, y en no menor medida, se ha disuelto en la práctica la separación de poderes, y para colmo, se ha llevado a la cárcel y al exilio político a miles de conciudadanos.
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Consecuentemente, la naturaleza del texto aprobado el 2009, adolece de graves faltas de interpretación histórica, y se halla precedida de insuficientes, cuando no mínimos debates y nulos consensos en comisiones constituyentes.
Recordemos, además, que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente definía la aprobación del texto final por dos tercios de votos; extremo que luego fue desobedecido por los propios constituyentes al aprobar un proyecto de Constitución en Sucre, por dos tercios de los “miembros presentes”, a puerta cerrada y en un cuartel militar cercano a La Glorieta. Luego, serían individuos bolivianos y algunos europeos, los encargados de redactar el texto definitivo; extremo no contemplado en la ley, claro está.
Después de más de una década de aprobación de la Constitución de 2009, con artimañas, mentiras, dobleces y luto, conviene plantear seriamente a la actual y las futuras generaciones, una nueva Constitución de Reconciliación Nacional, sobre la base de la libertad, la igualdad, la justicia, y el pluralismo político. La historia enseña que una Constitución hecha sobre la base de aspiraciones democráticas – como por ejemplo la Constitución Española de 1978 que puso fin al régimen franquista – prospera y tiene frutos a corto, mediano y largo plazo.