El narcotráfico en Bolivia no es un problema marginal escondido en el Chapare. No es cierto. Lo sucedido en el Ecuador debe ser un llamado de atención. Ya escuché a un par de voceros masistas hablar de “lo lejos que estamos de Ecuador”. Lo dudo. La tesis es simple: la evolución de la muerte en Ecuador ligada al narcotráfico es brutal: en 2019 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 6.9. En 2020, el indicador subió hasta 7.8. En 2021 ya era de 13.9. En 2022 el indicador ascendió hasta el 25.6 y ya para 2023 la tasa de crímenes fue de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Ecuador se convirtió en el país más violento de la región!
¿Cómo pudo crecer la violencia en tan poco tiempo? La respuesta es simple: durante los gobiernos de Correa, el narcotráfico tenía un acuerdo con el poder político. Gobierno-narcos un solo corazón. Siempre podríamos ofrecer hipótesis al respecto. Hipótesis 1, de menor compromiso: “los aceptamos como socios con una condición: hagan su negocio al margen del gobierno, pero, sobre todo, no generen violencia”. Hipótesis 2, de compromiso mediano: “los aceptamos y nos beneficiamos de su plata, pero aun así permanecen fuera”. Hipótesis 3, de compromiso alto: “los aceptamos y volvemos autoridades en los gobiernos locales y en el gobierno central”. En todas las hipótesis, la aceptación gubernamental fue el requisito fundamental. La variación, sin embargo, es imprescindible de tomarse en cuenta para efectos comparativos (ya lo veremos)
¿Hay otros casos? Claro que sí. Seguramente el principal: México. El fascinante estudio de Guillermo Trejo y Sandra Ley, Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México, en el que demuestra que el PRI tuvo un acuerdo claro con los narcos desde la década de los 80: “hagan su negocio, pero no maten”. Tan simple como eso. ¿Qué sucedió? El PRI perdió el poder político en 2000 y la guerra contra los narcos comenzó inmediatamente. Las cantidades de muertos son ampliamente mayores a situaciones de guerra civil: 350.000 muertos hasta 2022 y 153.000 muertos jóvenes: Calderón 46.000, Peña Nieto 56.000 y López Obrador 50.000 (aunque aún debe acabar su gobierno). ¿Qué pudo suceder? La explicación retoma la tesis previa: el gobierno ya no es “su” gobierno. El gobierno ya no pacta con los narcos.
Sucedió lo propio en Brasil. En este país, el retorno a la democracia en 1985 vino de la mano del incremento del narcotráfico que se instaló en las favelas y hoy circula en barrios de élite. ¡Logró diseminarse! ¿Y en el Salvador? Lo propio: la democracia desató el advenimiento de las maras como nexo fundamental con el narcotráfico. Y, ¿en Bolivia? He ahí la incógnita que merece nuestra atención. La tesis es la misma que señalamos para México y Ecuador y ¡debemos tenerla en cuenta! El índice de criminalidad en Bolivia hoy es bajo, de tres muertos por cada 100 mil ciudadanos. Pero, ¿realmente podemos estar tranquilos? Lo dudo. Ya Senkata fue el destello de lo que podría venir en un futuro inmediato: las armas modernas de los cocaleros frente a las pititas de la oposición son la representación de lo que pretendo decir: si el MAS sale del gobierno, la situación podría ser parecida a las ocurridas en Ecuador y México. Si el pactante ilegal se va derrotado en las elecciones de 2025, el MAS, la otra mitad queda colgada. Y, al parecer, así “de colgada”, comienza a generar violencia.
¿Qué supone ello? Digámoslo claro: el líder cocalero, devenido en presidente, selló un acuerdo de paz: “ustedes ganan plata con la coca/cocaína”, yo gano tranquilidad como gobierno. Ya sabemos que el 85% de las plantas de cocaína fueron halladas en el Chapare. Ya sabemos que la DEA salió y nadie más controla. Y, ya sabemos que el líder máximo de los cocaleros fue presidente. Ya con él fuera, ¿tenemos garantía de paz? Sí. Mientras esté Luis Arce, es evidente que el acuerdo con los narcos está garantizado. Si el MAS pierde, la situación de México o Ecuador podría replicarse en Bolivia. Es difícil negarlo con una agravante que debemos señalar: se ha venido aplicando a la perfección la hipótesis 3: “aceptamos a los hermanos empresarios narcos y los volvemos autoridades en los gobiernos locales y en el gobierno central”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
He ahí el riesgo. ¿Gana la oposición en 2025 y los narcos, junto a estas autoridades, se van callados a casa? Lo dudo.