Más de mil mujeres fueron víctimas de feminicidio en la década de vigencia de la Ley 348.
Fuente: El País
La Ley 348, que protege a las mujeres frente a la violencia de género, está en el centro del debate político, luego de que la senadora evista, Patricia Arce, presentara un proyecto de ley para modificarla y que recibiera el apoyo del presidente de la Cámara de Senadores, el también evista Andrónico Rodríguez.
Pero, ¿qué dice ese proyecto de ley y por qué he recibido una ola de rechazo de parte de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres? Sumando Voces hace un análisis del mismo y lo compara con la ley vigente.
El proyecto, que modifica el artículo 94 de la Ley 348, pone en duda el testimonio de las mujeres porque indica que las víctimas de violencia sexual deben ser sometidas a la cámara Gesell y que un perito decidirá si dicen la verdad; mientras que en los demás casos de violencia en razón de género, “la declaración de la víctima no constituye prueba fundamental”.
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“En los casos de violencia sexual, dentro el referido plazo, la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara Gesell, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que, a la conclusión del acto de declaración, los mencionados peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba”, dice una parte de la propuesta de modificación.
Luego continúa indicando que, “En los demás casos de violencia en razón de género, la declaración de la víctima no constituye prueba fundamental, excepto el testimonio de las niñas, niños y adolescentes, que fueran víctimas o testigos de un hecho de violencia familiar o doméstica, que goza de presunción de veracidad en el marco de la Ley 548”.
Entre tanto, la Ley 348, que está vigente desde el 2013, indica que el fiscal debe reunir las pruebas necesarias “procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención”.
Cuando fue presentado el proyecto, la semana pasada, la senadora Arce, dijo que la Ley 348 “atenta contra los derechos de los hombres” y que “esta ley ha destruido familias”. El senador Rodríguez le dio su respaldo al indicar que “La Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley antihombres”.
Luego trató de matizar su posición pidiendo disculpas por la supuesta mala interpretación de sus palabras, pero terminó ratificándose en su posición porque dijo que hay miles de hombres inocentes en las cárceles porque “se ha aplicado la presunción de culpabilidad. La ley está mal aplicada, la ley está fallando y los operadores de Justicia están fallando porque se aplica la presunción de culpabilidad de manera directa”. Sin embargo, se declaró defensor de los derechos de las mujeres.
La propuesta ha merecido el rechazo rotundo varios legisladores de la oposición y también de unas 130 organizaciones de la sociedad civil que, mediante un pronunciamiento han replicado que el citado proyecto “representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia” porque parte del presupuesto de que “las mujeres mienten”.
Indicaron que la que destruye los hogares es la violencia machista y no así la Ley 348, que “es el principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres”.
Las organizaciones ratificaron la postura de que la violencia sí tiene género y respaldaron esa afirmación con cifras que muestran altos porcentajes de hombres que agreden o matan a sus parejas. Indicaron que siete de cada 10 mujeres en relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia y no todas llegan a la justicia, que el 95% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas; y que el 90% de las víctimas de violencia familiar son mujeres. También informaron que más del 70% de los feminicidios son cometidos por parejas y exparejas.
El proyecto en cuestión fue derivado a la Comisión de Constitución para su análisis y su puesta en agenda ha estado acompañada de marchas de protesta de hombres y sus familias que aseguran haber sido víctimas de la citada ley.
Sin embargo, hay un dato contundente, más de mil mujeres fueron víctimas de feminicidio en la década de vigencia de la Ley 348.