Acusado de ser cabecilla de avasalladores en Guarayos es enviado a Palmasola con detención preventiva


Rimberto A. será recluido en la cárcel de manera preventiva por un lapso de 180 días, mientras se llevan adelante las investigaciones por la toma ilegal y violenta de al menos 10 predios

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Rimberto A. fue aprehendido a principios de semana en Guarayos

Fuehnte: Unitel

Rimberto A., acusado de ser cabecilla de un grupo de avasalladores que estaban sembrando terror en la provincia cruceña de Guarayos, fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, por un lapso de 180 días, según la determinación judicial asumida la tarde de este jueves.



La audiencia se llevó delante de manera virtual desde horas de la mañana y se prevé que el sujeto sea remitido a Palmasola mientras se llevan adelante las investigaciones por la toma ilegal y violenta de al menos 10 predios en la provincia del norte cruceño.

Asimismo, los afectados por avasallamientos piden capturar a las personas que presuntamente actúan junto a este sujeto, quien fue aprehendido a inicios de la presente semana.

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Rimberto A. está relacionado con la toma ilegal de tierras en la propiedad El Encanto, en la provincia Guarayos, y de otros predios en la frontera departamental con Beni.

Asimismo, la diputada opositora María René Álvarez (Creemos) sostuvo que Rimberto A. también es sospechoso de haber participado en el secuestro y torturas de 2021 a un grupo de periodistas y policías en Las Londras.

Los afectados señalan que las haciendas productivas de Guarayos vienen siendo atacadas por grupos irregulares desde hace varios meses y, pese a los compromisos de las autoridades de dar tolerancia cero a este tipo de situaciones, los ‘toma tierras’ se siguen campeando en la zona.

Según el artículo 351 del Código Penal, el que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años.


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