La reciente alocución de Carlos Mesa en sentido de una necesidad de nuevos paradigmas en la ya urgente reforma del Estado boliviano, hecho que fue divulgado internacionalmente por la Agencia EFE, trajo a mi mente recientes estudios que hice sobre las Constituciones de países occidentales. Concretamente, y ceñidos a la larga historia presidencialista boliviana, se aprecia un elevado control del Ejecutivo – en muchos casos teñidos de estructuras oligárquicas – y un escaso margen a los juicios políticos y rendición de cuentas. Manifiestamente, el presidencialismo es el mal de todos los males, pues a ello deben su correlato el autoritarismo, las bajezas del órgano judicial sometido al Ejecutivo, la falta de un uso razonable de la fuerza pública en incontables casos de persecución política durante la historia que se inicia en 1825. De manera casi obvia, vemos la necesidad de fortalecer el sistema de partidos, el pluralismo político, las libertades y derechos fundamentales, que debieran descansar – como en el caso de Alemania – en la inderogabilidad de la dignidad humana, que es el pilar sobre el que los órganos de gobierno deben actuar o no.
El sistema parlamentario, entre muchas otras cosas permite la censura del Presidente del Gobierno, mediante la moción de censura – tal el caso de España – a través de los mecanismos previstos en la Constitución y con la participación, claro está, del órgano legislativo. Se trata, no tan sólo de una clara primacía del Parlamento sobre el Ejecutivo, sino de una corresponsabilidad necesaria y urgente.
El segundo elemento de no menor valor es el federalismo. Alemania, Australia, entre muchos otros países del mundo, han adoptado para sí, modelos de descentralización política y económica altamente exitosos durante su historia. Verbigracia, los llamados “länder” alemanes, tienen su propio gobierno y competencias. A su vez, tienen todos ellos, una representación en el “Bundesrat”, que participa en la legislación con el “Bundestag” (el parlamento alemán). Así pues, también urge la necesidad de otorgar a los departamentos de Bolivia, competencias y gobiernos que hasta la fecha les han sido negados, otra vez, por la predominancia de una vieja casta política – tan vieja como los doscientos años del país – sobre la que pesan agravios no solamente económicos; sino y sobre todo, políticos y jurídicos, es decir, privación de garantías y derechos reconocidos en la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica.
Por todo lo anterior, finalizo estas líneas haciendo un llamado a la sociedad internacional, y en especial a todos los actores políticos del mundo contemporáneo, a coadyuvar con la tarea de hacer de Bolivia, una república federal y parlamentaria, por los desatinos constantes y ampliamente conocidos durante la historia y, particular, aunque no exclusivamente, en las últimas décadas.